jueves, 22 de enero de 2015

¿Una máquina de hacer dinero? Las grandes empresas de ITV ganaron más de 80 millones en 2013

Las ITV que tienen el monopolio en Galicia o Andalucía ganaron 12 y 21 millones de euros cada una. Pero también otras pequeñas, como la que desempeña en Barbastro (Huesca) obtuvieron grandes beneficios (1,94 millones de euros).


Una ITV de Applus en Cataluña - Foto TWITTER

¿Son las Inspecciones Técnicas de Vehículos una "máquina de hacer dinero" prácticamente sin riesgo, tal y como denunciaba en este medio la compañía Dekra hace unas semanas? Desde la patronal AECA-ITV se niega que su negocio sea tan sencillo como sentarse a obtener pingües beneficios. Sin embargo, los resultados económicos que tienen estas compañías hablan de suculentos dividendos, sin disponer en muchas ocasiones de grandes plantillas. En total, las principales empresas del sector que pertenecen a la patronal tal y como la propia organización muestra en su web obtuvieron un rédito económico de más de 80 millones de euros en 2013, un año en el que la economía general no se encontraba muy boyante.
En Andalucía o en Galicia, una sola empresa realiza todas las ITV, lo que le proporciona ingresos millonarios
Las comunidades autónomas tienen la competencia para manejar las concesiones administrativas de ITV, y esto ha producido muchos formatos diferentes, desde el modelo andaluz (donde una empresa pública de la Junta, Veiasa, tiene el monopolio y ganó 20,8 millones de euros en 2013 según el Registro Mercantil) al modelo gallego, donde la compañía Supervisión y Control tiene todas las ITV de la comunidad (12 millones de beneficio) o el madrileño, donde existe total libertad para abrir nuevas instalaciones bajo un criterio de mercado. En todos los casos los precios son tarifas, es decir vienen ya marcados por la administración autonómica, aunque las compañías pueden realizar algún 'truco' para ofrecer un precio más barato en momentos puntuales a través de ofertas. Los precios que se establecen son públicos, recuerda el secretario general de AECA-ITV, Luis Rivas, porque el servicio de ITV es un servicio público cuyo objetivo es garantizar la seguridad del parque de vehículos que circula por las carreteras. Por ello son las CC.AA. quienes deciden qué modelo implantan en cada sitio.
Sin embargo, la administración saca una buena tajada de cada vehículo que debe pasar la revisión. Según fuentes del sector, podríamos inferir que una media del 40% de lo que cuesta pasar la ITV a un vehículo de motor (la media viene a ser unos 40 euros aproximadamente) se lo llevan las administraciones estatal y autonómica en forma de IVA o de otros recargos. El otro 60% va para la empresa, que con esos ingresos debe hacer frente a los sueldos de la plantilla y a otros costes, y sobre todo rentabilizar la fuerte inversión inicial que requiere instalar una línea de inspección.
Beneficios millonarios
Casi todos los grandes grupos que operan en las ITV en España vienen registrando grandes beneficios en estos últimos años, beneficios que además se han mantenido en muchas ocasiones constantes dada la previsibilidad de los mismos (se puede calcular con bastante exactitud cuántos vehículos deben pasar la revisión en una determinada área, siempre teniendo en cuenta que algunos de ellos se dan a la 'insumisión' y deciden no pasarla). Por ejemplo, General de Servicios es un gigante con más de 400 empleados entre directos en indirectos (2013) y que facturó una cifra próxima a los 39 millones de euros entre 2009 y 2013 para ganar 12 millones de euros en el último año referido. Tiene 37 estaciones de ITV en 8 provincias. Su facturación, euro arriba euro abajo, apenas varió. Un negocio muy previsible.
Las administraciones se quedan, entre IVA y otros recargos, con aproximadamente un 40% del precio final que paga el usuario
Otro caso de éxito es el TÜV Rheinland, que dispone de 40 estaciones en España en plazas tan importantes como Madrid, País Vasco, Murcia o Barcelona. En 2013 ganó 7,46 millones de euros sumando sus distintas filiales. O de Atisae, que con 32 estaciones en varias autonomías es otro de los actores potentes del sector y se embolsó 3,2 millones de euros en 2013. Su cifra de negocio ha bajado de 79 millones en 2009 a 65 en 2013 y sus beneficios también cayeron, lo cual hizo que la empresa ajustara plantilla desde 1.400 hasta 1.162 empleados. Por su parte, la multinacional Applus se anotó unos 33 millones de euros de pérdidas, aunque desde la empresa se achacan a que la sociedad española recoge actividades de otros países y se anota sus minusvalías.
Sin embargo, no solo los grandes grupos (que controlan buena parte del mercado, dado que se encuentran presentes a través de participaciones o UTE en muchas otras estaciones que no llevan su nombre) tienen un buen negocio en las ITV. También otras estaciones aparentemente más pequeñas obtienen importantes réditos económicos de esta actividad. Por ejemplo tenemos la ITV de Barbastro (Huesca) que consiguió ganar 1,9 millones de euros en 2013, y cuyo beneficio no ha bajado del millón de euros en ninguno de los años de la crisis después de, eso sí, dejar muchos cientos de miles de euros en impuestos.
En el otro lado del péndulo, se encuentra el caso de Madrid, donde tras la liberalización en 2011 el número de empresas que han entrado a competir se ha multiplicado y muchas de ellas no han traspasado en este momento la barrera de la rentabilidad. Según fuentes del sector, algunas de estas estaciones se encuentran en una situación financiera complicada al no ser capaces de cubrir con sus inspecciones la inversión realizada para ponerse en marcha. Algunas de ellas, aseguran, pueden estar próximas a la quiebra. Según datos del presidente de la CAM, Ignacio González, las nuevas ITV supusieron una inversión de 75 millones de euros y la creación de 650 empleos. Ahora habrá que ver si estas cifras pueden mantenerse en el tiempo.
También otro de los grupos de ITV más grandes del país, los vallisoletanos de Itevelesa, perdieron unos 7 millones de euros en 2013 después, eso sí, de acumular ganancias millonarias en años anteriores. Este periódico ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la empresa.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/56165-una-maquina-de-hacer-dinero-las-grandes-empresas-de-itv-ganaron-mas-de-80-millones-en-2013

lunes, 12 de enero de 2015

El mecánico del millón de euros

jueves, 27 de noviembre de 2014

La patronal Confebask pretende destruir lo que no controla

En una comparecnecia pública en la que han participado la mayoría del Comité Ejecutivo, ELA ha querido poner de manifiesto la gravedad de la decisión adoptada por Confebask. ELA ha denunciado que Confebask pretende destruir todo aquello que no controla y para ello ha instado a la Administración a que tome las medidas necesarias para que ELA y LAB pierdan su condición de sindicatos. “Estamos ante una patronal golpista y reaccionaria que pretende destruir todo aquello que no puede controlar y comprar”.

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El Gobierno español ha presentado un Borrador de Real Decreto sobre el Depósito de Estatutos de las Asociaciones Sindicales y Empresariales. Ante este Borrador las organizaciones sindicales y empresariales, así como los Gobiernos autonómicos, pueden presentar alegaciones. La patronal Confebask utiliza las alegaciones a los estatutos para instar al Gobierno a que elimine a ELA y LAB su condición de sindicatos.

“Estamos ante una patronal golpista y reaccionaria que pretende eliminar eliminar todo aquello que no controla, que no puede comprar”, ha señalado Muñoz

En opinión de ELA, Confebask se atreve a proponer esta medida porque entiende que tiene la cobertura del poder político, incluido el Gobierno Vasco. En este contexto, ha adelantado que emprenderá acciones en defensa del derecho de libertad sindical y ha anunciado que ha solicitado una reunión urgente con el Lehendakari Urkullu.

ELA exige al Gobierno Vasco que no ponga en marcha la denominada “mesa de Diálogo Social”, anunciada para la primera semana de diciembre. Sentarse con una patronal que tiene como objetivo eliminar como sindicatos a ELA y a LAB es dar cobertura a esa posición. No se puede dar apariencia de normalidad a algo tan poco normal. Además, nuestra ausencia de la Mesa sería utilizada, de prosperar lo que demanda Confebask al PP, como coartada para iniciar el procedimiento de ilegalización.
erlazionatutako dokumentuak

Documento ELA sobre CONFEBASK
Alegaciones presentadas por Confebask

http://www.ela-sindikatua.eus/es/actualidad/noticias/la-patronal-confebask-pretende-destruir-lo-que-no-controla

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Veinte imputados por un fraude en la ITV de Sabón


En la operación están implicados empleados, dueños de vehículos, el propietario

de un taller y tres empresarios del transporte de mercancías

La Guardia Civil, a través de la Agrupación de Tráfico, ha imputado a 20 personas, entre técnicos de las ITV, empresarios y conductores por una supuesta trama que falsificaba los informes de las inspecciones de vehículos. Una denuncia de la propia gerencia de las estaciones alertó a los agentes de tráfico en el sentido de que se podrían estar llevando a cabo ciertas irregularidades en la estación coruñesa de Sabón.
A partir de esa denuncia, interpuesta en el pasado mes de abril, los agentes del Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico (GIAT) iniciaron una investigación que bautizaron con el nombre de «Operación Segunda». Con ésta se llegaron a descubrir que algunos de los empleados de la citada ITV llevaban a cabo supuestas correcciones, en los informes desfavorables de otros técnicos, para mudar esos historiales por otros que daban como aptos para circular a los vehículos inspeccionados. En alguna ocasión se llegó a simular el paso de determinados vehículos por la línea de inspección, sin haberlo hecho. Los informes de los sistemas de frenado y la emisión de gases, defectuosos, eran los elementos más manipulados.
Tras advertir las irregularidades, los vehículos afectados, un total de 18, fueron llamados nuevamente a revisión para adjudicarles el informe que en cada caso les correspondiese de forma técnica y veraz. Entre los imputados, además de los tres empleados de la ITV y los propietarios de los vehículos, también lo están el propietario de un taller mecánico y tres empresarios vinculados al transporte de mercancías. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de los Juzgados de Instrucción de A Coruña.
Con este tipo de actuaciones por parte de la Agrupación de Tráfico se pretende evitar la circulación de vehículos que, incumpliendo las condiciones técnicas exigidas para su circulación por las vías públicas y poniendo en peligro la seguridad de todos los usuarios de la vía, circulen por las carreteras eludiendo la vigilancia de los agentes de tráfico, mediante la falsificación de los certificados de inspección.

domingo, 16 de noviembre de 2014

El oligopolio de las ITV se tambalea

El sector está copado por empresas que temen la apertura salvaje del mercado

Cada año se revisan en España 17 millones de vehículos


ITV en San Sebastián de los Reyes (Madrid). / SAMUEL SÁNCHEZ
Pruebe a pasar la ITV en Navarra o Extremadura: le cobrarán poco más de 29 euros (25 por un turismo). Si se desplaza a Castilla y León o Valencia tendrá que abonar un 84% más por idéntico servicio.Según un estudio de Facua, en la revisión de motocicletas la diferencia de precio entre distintas ITV puede llegar a ser del 202%. ¿Por qué? Entramos en las arenas movedizas de un sector dominado por concesiones que han creado rentables monopolios u oligopolios y, en los últimos años, tendente a experimentos liberalizadores con dudosos resultados. No es un mercado nada despreciable: el año pasado selló 17.982.862 revisiones con una estimación de facturación superior a 600 millones de euros (aunque ni el Ministerio de Industria ni la patronal ofrecen datos más exactos).


Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia
En España las empresas que prestan este servicio obligatorio están sometidas a la regulación de las comunidades autónomas y en todas partes, excepto en Madrid, las tarifas las fija la Administración o, al menos, impone unos precios máximos (que suelen convertirse en precio medio). En comunidades con estaciones ITV públicas (que operan en Extremadura, Asturias, Cantabria y Andalucía) ese precio suele ser menor, como lo demuestra un reciente informe sobre el sector de laComisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). Sin embargo, la mayoría de las autonomías han optado por otorgar concesiones a empresas durante 20 ó 30 años que, con prórrogas, pueden llegar a estirarse hasta el siglo XXII. En el País Vasco, por ejemplo, una de las concesiones expira en 2023 con posibilidad de alargarse hasta el año 2092, y otra, iniciada en 2013 por 30 años, cuenta con la opción de prórroga hasta el 2112. Y a menos que la ciencia dé un vuelco a la esperanza de vida, cuando finalice esa última concesión sus actuales gestores (y los usuarios) habrán fallecido y puede que los coches ya no existan tal y como los conocemos.
La CNMC ha alertado de que este modelo con exclusividad territorial y larguísimos plazos “ha podido estar generando rentabilidades superiores a las de mercado y rentas privadas en detrimento de los usuarios”. Al calor de esta circunstancia se han dado casos de corrupción, como el de las ITV en Cataluña, que destapó una trama de empresarios y políticos para adjudicarse fraudulentamente estaciones.
Construir una ITV no requiere de una gran inversión, como ocurre con hospitales o autopistas. Una estación media cuesta, a precios actuales, dos millones de euros, y se rentabiliza a partir de unas 20.000 inspecciones anuales, según empresas del sector, aunque esta ratio es variable.
En Andalucía la empresa pública que gestiona el servicio ha reducido tarifas entre un 10% y un 45% sacrificando unos beneficios sobre ventas del 26% hasta dejarlos en el 18%. Ganancias que, aún así, revierten en la Administración. En otro extremo, la empresa privada Supervisión y Control (SyC), que opera en régimen de monopolio desde 1987 en Galicia, factura 38,6 millones de euros y obtiene un beneficio neto de once millones, casi el 30% sobre ventas. Grandes operadores, como Itevelesa o TÜV, alcanzan facturaciones de 74 y 35 millones y resultados de explotación positivos (de 11,6 y cinco millones respectivamente). ¿Son beneficios excesivos? “No solo se trata del modelo, también hay que pensar en que esa rentabilidad es fruto de una gestión, y aquí hemos optimizado el beneficio, no hemos incrementado las tarifas de acuerdo con la Xunta e invertimos constantemente en mejorar el servicio”, sostiene Juan Diego Rodríguez, director de Supervisión y Control.
En tres comunidades (Andalucía, Asturias y Galicia), solo opera una empresa, bien pública o privada, y en otras siete el mercado se reparte entre dos y siete firmas. Pero este también es un sector de extremos. Cataluña y La Rioja han optado por abrir el negocio otorgando autorizaciones administrativas a cualquier operador, sujetas a ciertas condiciones. Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias han ido lo más lejos que la legislación les permite y han abrazado sin cortapisas el libre mercado. Cumpliendo unos requisitos, cualquiera puede montar una ITV en estos territorios sin apenas restricciones, (en el caso canario, en convivencia con el sistema concesional, lo que ha provocado una guerra en los tribunales). El resultado de esta apertura es que Madrid ha pasado de tener 17 estaciones a 56 en solo dos años, prueba, según la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), de “la ineficiencia del sistema y las rentas excesivas” de antaño. Además, la región gobernada por el PP es la única que no fija tarifas, por lo que las estaciones pueden competir en precios y horarios.
Pero —siempre hay un pero, y en este caso hay unos cuantos— este modelo liberalizador no ha provocado beneficios sociales, al menos eso aseguran desde organizaciones de consumidores y desde la propia asociación que agrupa a la patronal de ITV (AECA). Madrid sigue siendo la cuarta comunidad más cara: se han multiplicado los reclamos publicitarios y en zonas del sur de la región las estaciones crecen a pocos metros unas de otras compitiendo ferozmente por los clientes. “Este modelo no funciona con criterios puramente mercantiles porque ofrecemos un servicio público en un mercado con tarifas fijas, que no marcamos nosotros. Tenemos que ser el señor que con cara de perro que diga a un usuario: ‘Usted no puede pasar la revisión". Se trata de un servicio que garantiza la seguridad. Y para ello la aministración debe decir cuántas ITV se pueden instalar y dónde”, ilustra Luis Rivas, presidente de AECA, que recuerda que “la demanda es la que es, no hay posibilidad de generar más”, por mucha competencia que se quiera introducir. En su opinión, el modelo de autorización frente al de concesión, aunque no perjudica al sector, “tampoco ayuda a hacer unas revisiones rigurosas”.
Esos efectos perversos también se han dejado sentir en Castilla-La Mancha. La barra libre para instalar estaciones de inspección abierta en 2003 provocó que los nuevos operadores se concentrasen en la frontera con Madrid, dejando desatendidas áreas de menor población, donde los usuarios llegan a recorrer 70 kilómetros para pasar la ITV. En ambas comunidades la tasa de rechazo (vehículos que no pasan la ITV) ha disminuido en los últimos diez años: en Castilla-La Mancha ha pasado de un 15% al 10% y en Madrid, del 19% al 17,5%. Además, las empresas autorizadas no pagan nada a la administración.
Sumado a esto, nuevos vientos liberalizadores llegan desde el Gobierno central. El Ministerio de Industria ha sometido a consulta un Real Decreto que modifica el actual (de 2008) para permitir que las empresas de automoción (talleres de reparación, concesionarios, transportistas), entren en el negocio de las ITV, algo que ocurre en otros países de Europa. Para Rubén Sánchez, de FACUA, es tanto como poner al zorro al cuidado de las gallinas: “Lógicamente a un taller que repara el coche le va a interesar que ese coche pase la ITV”. La revisión del decreto podría reactivarse en el último año de legislatura. Las empresas tradicionales, mientras, cruzan los dedos para que la competencia no les invada.
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/14/actualidad/1415966193_106764.html

miércoles, 22 de octubre de 2014

La Fiscalía aprecia indicios de delito en algunos controles de la ITV de Malpica


M. A. Coloma|22/10/2014 a las 06:00

Ha interrogado al extrabajador que denunció un posible trato de favor a clientes y ha analizado los datos requeridos a la DGA. Pedirá en breve que un juez abra diligencias

La ITV de Malpica, en la fotografía, hace alrededor de 150.000 inspecciones al año.
La ITV de Malpica, en la fotografía, hace alrededor de 150.000 inspecciones al año. ARÁNZAZU NAVARRO

La Fiscalía Provincial de Zaragoza ya ha estudiado la denuncia presentada contra la ITV de Malpica por presunto trato de favor con algunos clientes, a los que según un extrabajador se habría dado por buena la inspección de su vehículo pese a presentar defectos importantes. Y tras llamar a declarar al denunciante y practicar una serie de diligencias de investigación, ha decidido remitir el expediente a los juzgados para que un magistrado abra una causa penal. El Ministerio Público ha apreciado indicios de delito en los hechos denunciados, pero dada la complejidad del asunto entiende que debe ser un juez quien continúe con las pesquisas. De no surgir imprevistos, la Fiscalía enviará su informe esta misma semana al Juzgado Decano, quien deberá llevarlo a reparto y designar un instructor.

La denuncia llegó a la Fiscalía Provincial el pasado 9 de julio. A través de ella, el exempleado de la ITV de Malpica aseguraba que "existía una práctica sistemática ideada para favorecer a los vehículos amigos". Para intentar probar sus graves acusaciones, este trabajador, al que se despidió en junio, aportó 41 informes supuestamente fraudulentos. Porque, siempre según el denunciante, estos partes fueron manipulados por los jefes de nave para que los vehículos pudieran pasar las pruebas, cuando en realidad no estaban en condiciones de seguir circulando.

Durante los últimos meses, la Fiscalía ha estado analizando la documentación aportada por el extrabajador. Y para poder tener más elementos de valoración, también ha solicitado documentación sobre la normativa que rige en este tipo de concesiones al Departamento de Industria del Gobierno aragonés. Finalmente, esta pasada semana y para aclarar algunas dudas, se volvió a requerir incluso la presencia del denunciante. Ha sido la práctica de todas estas diligencias la que ha llevado al ministerio público a solicitar la intervención del juez.

Pedirá al juez varias pruebas
Además de redactar un informe en el que se detallan los hechos y se fundamenta la necesidad de abrir una causa judicial, la Fiscalía tiene previsto solicitar al juez que se practiquen una serie de pruebas. En principio, le pedirá que envíe requerimientos a las partes implicadas para que aporten más documentos. La acusación pública propondrá también al instructor que llame a declarar varias personas relacionadas con la ITV de Malpica. En cualquier caso, una vez que el asunto vaya a reparto, será el magistrado a quien se confíe el caso quien valore los hechos y decida cuáles son las diligencias a practicar.

La empresa concesionaria de esta ITV, Itelevesa AragónS. A., reconoció su "sorpresa" al enterarse el pasado mes de septiembre por este periódico de la denuncia que había presentado un exempleado. Un portavoz de la compañía aseguró que no tenían ningún conocimiento de que pudieran darse irregularidades en la planta, pero manifestó que las instalaciones son muy grandes y "a veces" resulta difícil controlar lo que hace "un empleado en particular". En este sentido, desde la empresa hicieron referencia al despido de dos trabajadores –entre ellos el denunciante­– en los últimos meses, "destituidos por irregularidades en el proceso de inspección".

 En su denuncia, el extrabajador menciona casos bastante concretos.Por ejemplo, dice que en noviembre del pasado año, tras rechazar un vehículo, "alguien" modificó el resultado y el informe pasó a ser favorable. "Me quejé porque, por si fuera poco, el parte seguía estando firmado con mi número de inspector", señala. Parece que, unos días más tarde, los responsables del centro citaron al denunciante para comunicarle que se le había impuesto una sanción por conducta fraudulenta.