miércoles, 22 de octubre de 2014

La Fiscalía aprecia indicios de delito en algunos controles de la ITV de Malpica


M. A. Coloma|22/10/2014 a las 06:00

Ha interrogado al extrabajador que denunció un posible trato de favor a clientes y ha analizado los datos requeridos a la DGA. Pedirá en breve que un juez abra diligencias

La ITV de Malpica, en la fotografía, hace alrededor de 150.000 inspecciones al año.
La ITV de Malpica, en la fotografía, hace alrededor de 150.000 inspecciones al año. ARÁNZAZU NAVARRO

La Fiscalía Provincial de Zaragoza ya ha estudiado la denuncia presentada contra la ITV de Malpica por presunto trato de favor con algunos clientes, a los que según un extrabajador se habría dado por buena la inspección de su vehículo pese a presentar defectos importantes. Y tras llamar a declarar al denunciante y practicar una serie de diligencias de investigación, ha decidido remitir el expediente a los juzgados para que un magistrado abra una causa penal. El Ministerio Público ha apreciado indicios de delito en los hechos denunciados, pero dada la complejidad del asunto entiende que debe ser un juez quien continúe con las pesquisas. De no surgir imprevistos, la Fiscalía enviará su informe esta misma semana al Juzgado Decano, quien deberá llevarlo a reparto y designar un instructor.

La denuncia llegó a la Fiscalía Provincial el pasado 9 de julio. A través de ella, el exempleado de la ITV de Malpica aseguraba que "existía una práctica sistemática ideada para favorecer a los vehículos amigos". Para intentar probar sus graves acusaciones, este trabajador, al que se despidió en junio, aportó 41 informes supuestamente fraudulentos. Porque, siempre según el denunciante, estos partes fueron manipulados por los jefes de nave para que los vehículos pudieran pasar las pruebas, cuando en realidad no estaban en condiciones de seguir circulando.

Durante los últimos meses, la Fiscalía ha estado analizando la documentación aportada por el extrabajador. Y para poder tener más elementos de valoración, también ha solicitado documentación sobre la normativa que rige en este tipo de concesiones al Departamento de Industria del Gobierno aragonés. Finalmente, esta pasada semana y para aclarar algunas dudas, se volvió a requerir incluso la presencia del denunciante. Ha sido la práctica de todas estas diligencias la que ha llevado al ministerio público a solicitar la intervención del juez.

Pedirá al juez varias pruebas
Además de redactar un informe en el que se detallan los hechos y se fundamenta la necesidad de abrir una causa judicial, la Fiscalía tiene previsto solicitar al juez que se practiquen una serie de pruebas. En principio, le pedirá que envíe requerimientos a las partes implicadas para que aporten más documentos. La acusación pública propondrá también al instructor que llame a declarar varias personas relacionadas con la ITV de Malpica. En cualquier caso, una vez que el asunto vaya a reparto, será el magistrado a quien se confíe el caso quien valore los hechos y decida cuáles son las diligencias a practicar.

La empresa concesionaria de esta ITV, Itelevesa AragónS. A., reconoció su "sorpresa" al enterarse el pasado mes de septiembre por este periódico de la denuncia que había presentado un exempleado. Un portavoz de la compañía aseguró que no tenían ningún conocimiento de que pudieran darse irregularidades en la planta, pero manifestó que las instalaciones son muy grandes y "a veces" resulta difícil controlar lo que hace "un empleado en particular". En este sentido, desde la empresa hicieron referencia al despido de dos trabajadores –entre ellos el denunciante­– en los últimos meses, "destituidos por irregularidades en el proceso de inspección".

 En su denuncia, el extrabajador menciona casos bastante concretos.Por ejemplo, dice que en noviembre del pasado año, tras rechazar un vehículo, "alguien" modificó el resultado y el informe pasó a ser favorable. "Me quejé porque, por si fuera poco, el parte seguía estando firmado con mi número de inspector", señala. Parece que, unos días más tarde, los responsables del centro citaron al denunciante para comunicarle que se le había impuesto una sanción por conducta fraudulenta.

miércoles, 20 de agosto de 2014

martes, 29 de abril de 2014

El riesgo de liberalizar las ITV

Día 29/04/2014 - 00.11h

FACUA-Consumidores en Acción avisa de las consecuencias negativas que puede generar la liberalización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que estudia el Ministerio de Industria.

FACUA-Consumidores en Acción no comparte el proceso de liberalización en curso para las ITV.
 FACUA-Consumidores en Acción pide que se mantenga un servicio público cuyo objetivo principal debe ser garantizar la seguridad vial. Y advierte que la medida es contraria al ordenamiento jurídico europeo y no representará una bajada de precios.
El Ministerio de Industria diseña una reforma legal para abrir las inspecciones de vehículos a concesionarios de automóviles y a otras empresas del sector. La asociación recuerda que la Directiva Europea 2006/123/CE sobre los servicios en el mercado interior ya indicaba que no resulta de aplicación a la actividad de ITV por tratarse de una prestación de interés general en el ámbito del transporte. También la Directiva 2009/40/CE refrendó esa configuración actual.
FACUAtampoco comparte este proceso de liberalizar una asistencia que afecta a la seguridad de las personas y que debe tener reguladas las características, el precio y la calidad. La decisión delMinisterio de Industria, según consta en el proyecto de Real Decreto que ya somete a discusión, supone privatizar un servicio público.
La organización cuestiona el conflicto de intereses que generaría esta medida. FACUA se pregunta quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y también en estación de ITV.

Fijar tarifas homogéneas

FACUA recuerda que una solución para garantizar un equilibrio en las tarifas que pagan los consumidores ante las revisiones de sus vehículos, es que siga siendo un servicio público y con importes similares en todo el país.
En esta parcela, en España conviven distintos modelos de gestión, puesto que son las comunidades autónomas las que regulan los sistemas de ITV, esto hace que existan diferencias de hasta el 144% en los preciossegún el estudio comparativo de la asociación en 2013, donde por ejemplo en motores diésel un usuario pagaba a finales del año pasado en Extremadura casi 26 euros por la revisión, mientras que un consumidor en la Comunidad Valenciana abonaba algo más de 63.
El último coste muestra, en opinión de la organización, que laliberalización del servicio no garantiza precios más bajos; el gobierno valenciano cedió la gestión de las ITV a manos privadas hace más de 2 décadas.