martes, 19 de mayo de 2015

SE MANTIENE EL ÉXITO DE LAS MOVILIZACIONES. EL PARO PARCIAL DEL SÁBADO 16 FUÉ SECUNDADO CON LA TOTALIDAD DE LA PLANTILLA QUE LO VENÍA HACIENDO . LA EMPRESA MANTIENE SU POSTURA EN LA MESA DE NEGOCIACION, “RECORTES SI O SI” OBVIANDO LAS REPERCUSIONES DE LAS MOVILIZACIONES. Y POR TANTO, SE MANTIENEN LAS MOVILIZACIONES PREVISTAS PARA LOS PRÓXIMOS DIAS, CONVOCATORIA DIAS COMPLETOS DE HUELGA MAÑANA 19 Y DIA 22 DE MAYO INCLUIDA MANIFESTACION EN VALLADOLID.

El éxito de las Movilizaciones se va afianzando con el transcurso de los días, la plantilla  se mantiene unida y eso es lo fundamental.
Esta misma mañana la Comisión Negociadora se ha reunido en Valladolid.  La empresa insiste en bajada de salarios hasta el 12% y aumento de jornada anual hasta las 1800 horas. Los argumentos, según las manifestaciones realizadas por la empresa“Grupo Itevelesa, a día de hoy, no es rentable y se encuentra en  causa de disolución”.
La RLT, manifiesta que la REALIDAD QUE SE VIVE  EN  LOS CENTROS EN EL DÍA A DÍA, dista mucho de esa situación de quiebra. Los trabajadores y trabajadoras de Grupo Itevelesa, desde hace tres años, venimos asumiendo esfuerzos:
Incrementos de inspecciones considerables no proporcionales al incremento de las plantillas, es decir, se han incrementado los ratios inspección/inspector.
Por otro lado, hemos asumido aunque sea de manera temporal, incrementos salariales inferiores a los que debían de haber sido, como consecuencia de los efectos de congelación de tarifas que han repercutido en la facturación y por tanto en nuestro salario, pues una parte del incremento salarial está sujeto a  la facturación.
Cada día se nos exige de una mayor formación-cualificación en el desempeño de nuestro trabajo, estando sujetos a controles externos e internos de manera continuada que así lo avalan.
Se acuerda mantener otra reunión de la comisión Negociadora para el día 26 de Mayo, con objeto de seguir intentando  alcanzar acuerdos que permitan desbloquear el Conflicto abierto. Mientras tanto, se mantienen las Movilizaciones previstas.
Continuamos instando   a los responsables de la Junta a que realicen los máximos esfuerzos para restablecer el diálogo con la Dirección de la empresa y busquen alternativas que permitan desbloquear esa situación.
MAÑANA MARTES 19 DE MAYO HABRÁ UN DIA COMPLETO DE HUELGA Y EL PRÓXIMO VIERNES 22 DE MAYO SERA DÍA COMPLETO DE HUELGA. PARA ESTE DÍA, NOS MANIFESTAREMOS TODOS LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE LOS CENTROS ITV DE GRUPO ITEVELESA CASTILLA Y LEÓN POR LAS CALLES VALLADOLID. SALIDA DESDE ITV DE ARGALES (C/ Vázquez de Menchaca) A LAS 11:00 Y FINALIZACIÓN FRENTE AL  EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON  (“como cada 4 años”).
A la finalización de la Manifestación, celebraremos una Asamblea en donde se PROPONDRÁN NUEVAS MEDIDAS A ADOPTAR.
Los días de completo de Huelga, habrá concentraciones de trabajadores y trabajadoras a las puertas de los Centros ITV.                                                     

sábado, 25 de abril de 2015

ITV a la valenciana: sobrefacturación, precios ‘abusivos’ y adjudicaciones a ‘amigos’

La privatización hecha por Zaplana estuvo plagada de irregularidades. Beneficios por encima de lo previsto para las empresas y el pago de la ITV más cara de España durante años, han sido los resultados
Una estación de ITV
Polémica tras polémica. Así ha sido el estado natural de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desde su privatización. Realizada durante la presidencia de Zaplana en la Generalitat Valenciana, las controversias son tales que después de 18 años forman un coctel lleno de sospechas. Y no menores.
Concesiones a empresarios cercanos y con sombras de supuestos testaferros, tasas que garantizan un mercado cautivo, facturación por encima de lo razonable, incumplimientos de los pliegos o el mantenimiento de la tarifa de ITV más cara de España durante años, constituyen este brebaje único. Su nombre: ITV, versión valenciana.
Privatización para “los amigos del PP”
1997. La presidencia de la Generalitat Valenciana la ocupa por entonces Eduardo Zaplana. Al rebufo de la tendencia privatizadora en España y para agrandar su vitola liberal, toma una decisión que también harán varios presidentes autonómicos: pasar a manos privadas las ITV.
“La medida era incomprensible, ya que la empresa pública que lo gestionaba era perfectamente rentable. No había motivo para privatizarla”, afirma Alfred Botella, diputado en esa legislatura por Esquerra Unida y ahora miembro de Compromís. Pese a ello, el plan de Zaplana siguió adelante. Pero, con la particularidad autóctona: concediendo el negocio a varios empresarios cercanos en mayor o menor medida al PP. Incluso, se sospechó que había testaferros de algún político relevante.
La adjudicación se partió en 5 lotes. De ellos, no había ninguno que escapara de las sospechas. El primero fue otorgado a la UTE Valenciana de Revisiones. Entre las participantes, destacaba una empresa: Sedesa, propiedad de la familia de los Cotino. Durante la concesión, Juan Cotino, ahora expresident de las Corts e imputado en Gürtel, era director de la policía.
En el segundo lote, había dos empresarios relacionados con el PP. Más concretamente, con Zaplana. Uno de ellos, era Luis Batalla, quién se vio involucrado en el caso Gürtel y en el presunto fraude fiscal de Terra Mítica. Propietario de Lubasa –reconvertida posteriormente en Durantia-, ya había tenido relación con Zaplana tras realizar la remodelación del casco antiguo de Benidorm cuando este era alcalde. Precisamente, la obra fue criticada por haber terminado con un coste sobredimensionado.
“Había otra conexión con el PP. Se trataba de la familia Lladró. Lo hacían a través de Juan Vicente Ortí”, comenta Botella. El mismo diputado de izquierdas, durante un plenario en las Cortes sobre el tema en 1998, denunciaba la vinculación entre Zaplana y los Lladró. “Parece que ustedes tiene mucho que agradecerles a los Lladró. Les organizan exposiciones, y uno de los yernos es directivo de la Conselleria de Sanitat”, censuraba.
Una de las empresas que se beneficiaron del tercer lote fue Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ya que contaba con participaciones en dos de las mercantiles de la UTE ganadora: General de Servicios ITV y Aragonesa de Servicios ITV. ¿Su relación con el PP? La mercantil Construcciones y Contratas –que junto a Fomento de Obras y Construcciones había creado FCC en 1992- estuvo salpicada por el caso Naseiro. Posteriormente, la constructora también se ha visto manchada por el caso Gürtel.
El cuarto lote albergaba la mayor parte de vinculaciones con el Partido Popular. Con participaciones minoritarias se encontraba a varios empresarios entonces cercanos: Féderico Félix –que había sido clave en el pacto entre UV y PP, que le dio el gobierno a Zaplana-, Arturo Virosque –entonces presidente de la Cámara de Comercio de Valencia gracias, según la oposición, al PP- y Felipe Almenar, propietario de Cyes. La constructora implicada en la trama Gürtel, había sido creada junto con el sobrino de Juan Cotino, Vicente Cotino. Además, en su consejo de administración se sentó el hermano del eterno concejal en el Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez. Incluso, Félix gozaba de una participación minoritaria en la sociedad.
Pero, había más. Una de las componentes de la UTE era Atecsa. Integrada por una red de sociedades compradas a Ramón Cerdà, destacaba la mercantil Crespinell S.L., de Juan Ramón Ferris Tortajada, al que se le relacionaba con Rafael Blasco. Otra empresa relevante de la maraña societaria era Tempero 9000. La firma estaba vinculada a Gregorio Martínez, exdirectivo de recursos humanos del Sepiva, curiosamente la entidad que debía regular la prestación del servicio.
En el quinto lote había dos empresarios con conexiones con el PP. De una parte, la familia Quesada, donde uno de los tres hermanos ocupó varios cargos con Zaplana. De otra, Tomás Velasco, quién se había visto salpicado en el caso Naseiro y fue contratista de las Corts entre 2005 y 2006. Asimismo, Velasco apareció en la lista Falciani con tres cuentas, cuyo saldo total ascendía a poco más de un millón de euros, según publicó Levante-EMV. Uno de los apoderados durante varios años de sus cuentas –Antonio Magraner- había estado involucrado también en el escándalo Naseiro.
Irregularidades e incompatibilidades
No sólo la adjudicación fue polémica por concederse a empresarios afines. También lo fue por las irregularidades e incompatibilidades que registraban varias beneficiarias. La oposición entonces denunció tres casos que no eran compatibles con el pliego de condiciones: el de Luis Batalla, que estaba relacionado con empresas automovilísticas a través de su hijo; la relación de FCC con el negocio de transporte de viajeros; y que una de las empresas de la UTE del cuarto lote no tenía experiencia, suficiente capital social y capacidad técnica, además de que habían socios de la mercantil relacionados con negocios de venta y reparación de automóviles, como Manuel Palma.
Pese a las incompatibilidades, el Tribunal Superior de Justicia declaró legal la privatización, desestimando un recurso impuesto por Comisiones Obreras. Varias empresas damnificadas también recurrieron sin éxito.
No obstante, la mayoría de las empresas agraciadas con la concesión se deshicieron rápidamente de las participaciones. Sólo Sedesa que vendió en 2004; y la maraña de firmas detrás de las cuales se escondían supuestamente personas muy próximas a Blasco que vendieron en 2005 a varios fondos de inversión obteniendo unas plusvalías de 6,5 millones de euros, estuvieron con el negocio más tiempo.
“Las nuevas también tienen incumplimientos como ITV de Levante S.A, ya que uno de sus accionistas tiene seguros de coches”, denuncia Fran Ferri, diputado autonómico de Compromís. Justo, Ferri reveló un informe de la Generalitat que hablaba de varios incumplimientos de diversas concesionarias al no ejecutar varias infraestructuras en el plazo marcado en el pliego de condiciones.
Sobrefacturación y tarifas a precio de oro
Los resultados de la privatización son desastrosos. O al menos esas son las conclusiones que se extraen de un informe de la Conselleria de Industria de 2010, desvelado recientemente por Ferri. En él, se mostraba como había un incremento del 20% del parque de vehículos o un 40% de las inspecciones sobre las previsiones. El precio también variaba: inicialmente se fijaba en 18,47 euros; al final era de 46,59. Más del doble.
Sin embargo, lo más destacado era que las concesionarias se habían embolsado unos beneficios superiores en un 30% a lo previsto. No en balde, otro informe de la propia Generalitat hablaba de que los beneficios de las empresas habían sido “extraordinarios” e iban “más allá de lo razonable”. La sobrefacturación de 1998 a 2009 era de 317 millones de euros. Con ese dinero, se podrían haber construido 172 líneas de inspección.
¿A qué era debido? Había tres causas. Primero, la implantación por obligación estatal de la tasa de emisiones que no se contemplaba. Por esta vía, facturaron 123 millones. “El problema fue que en lugar de hacer un cálculo, se subió simplemente la tarifa. Todo, sin incrementar el canon que abonaban las empresas”, explica Ferri. En segundo lugar, los ingresos por encima de la estimación también fueron generados al no incluir el incremento del IPC en las previsiones. Debido a esto, los ingresos de las adjudicatarias se incrementaron en 71 millones.
Y en tercer lugar, por la aplicación de una prueba exclusiva en el País Valenciano: la sonometría. “Se introduce en el 2004 en una ley de contaminación acústica de la mano de Blasco”, expone Ferri. “La justificación que nos dieron cuando lo criticamos en las Corts, fue que un informe de 1993 recomendaba la inclusión. Pero, el documento no hacía ninguna mención ni recomendación para poner la prueba”, afirma. “La prueba garantía un ingreso considerable, y aseguraba un mercado más cautivo todavía, ya que si tenías matriculado el coche en el País Valenciano, la tenías que pasar aquí”, critica.
Una prueba que hizo que los valencianos pagaran un 146% más que otros conductores españoles, según varios informes de Facua. La organización en defensa de los consumidores, también había mostrado como el País Valenciano gozaba de la tarifa más cara de ITV de España. Todo, hasta el año 2010 donde se congelaron las tarifas, aunque en 2012 los valencianos seguían siendo aún quiénes pagaban más por pasar la ITV.
En 2014, el Consell finalmente se cargó, tras la presión de las denuncias de la oposición, la prueba de la sonometría. Asimismo, mantuvo las tarifas congeladas. Al parecer, un giro al modelo privado impuesto por Zaplana. Las ITV a la valenciana, perdían parte de su esencia. 

miércoles, 4 de marzo de 2015

ELA consolida su mayoría cercana al 40 % de respresentación en Euskadi

EFE - Miércoles, 4 de Marzo de 2015 - Actualizado a las 14:05h

El secretario general de ELA Adolfo "Txiki" Muñoz, junto a Leire Txakartegi, miembro de este sindicato, durante la presentación de los datos definitivos de las elecciones sindicales celebradas en 2014.
El secretario general de ELA Adolfo "Txiki" Muñoz, junto a Leire Txakartegi, miembro de este sindicato, durante la presentación de los datos definitivos de las elecciones sindicales celebradas en 2014. (EFE)
Vista:
  • El secretario general de ELA Adolfo "Txiki" Muñoz, junto a Leire Txakartegi, miembro de este sindicato, durante la presentación de los datos definitivos de las elecciones sindicales celebradas en 2014.
ELA ha consolidado en 2014 su mayoría cercana al 40 % de representación en Euskadi, un resultado que satisface a sus responsables, que han exigido al Gobierno vasco que "respete" las mayorías sindicales y "no busque atajos con la minoría sindical" para que dé cobertura a su política "antisocial".
BILBAO. En conferencia de prensa en Bilbao, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, "Txiki", ha insistido en exigir al Gobierno vasco que "respete" el resultado de las elecciones sindicales, que confirman a ELA como primer sindicato por amplia mayoría, tras el período concentrado de comicios desarrollado de septiembre a diciembre de 2014 -cuando se renovó el 35 % de delegados-.
En un año en el que se perdieron en Euskadi 1.921 delegados como consecuencia de la crisis, ELA logró al cierre de 2014 una representación del 39,88 %, ligeramente superior (un 0,20 % más) a la que tenía al término de 2013 (39,68 %), según sus datos.
La central sindical duplica en representación al segundo sindicato en Euskadi, CCOO, con un 19,23 % al concluir el pasado año (un 0,42 % menos que al cierre del anterior).
A poca distancia se sitúa LAB, con un 18,34 % (un ligero 0,39 % más) y más lejos se encuentra UGT , con un 11,69 % de la representación (un 0,55 % menos que un año antes). Otros sindicatos han logrado una representación del 10,87 %.
Por delegados sindicales, del total de 16.967 representantes contabilizados en Euskadi al cierre del año, 6.766 correspondieron a ELA, 3.262 a CCOO, 3.111 a LAB y 1.984 a UGT (otros sindicatos cuentan con 1.844).
Los resultados de UGT implican que por primera vez en la historia este sindicato ha bajado del 12 % de la representación, según ha destacado en el mismo acto informativo el responsable de elecciones de ELA, Txema Laiseka.
El sindicalista también ha considerado como histórico el dato de la suma de los resultados de ELA y LAB, que alcanzaron en 2014 su máximo de representación conjunta (58,22 %), con una diferencia de más de 27 puntos con respecto a la suma de CCOO y UGT (30,91 %).
Laiseka, que ha puesto de manifiesto que ELA obtiene mayorías "muy cualificadas" por comarcas (por encima del 40 %, excepto en las de Gasteiz, Bilbao y Ezkerraldea), ha considerado que los resultados electorales respaldan el modelo sindical de la central, de carácter reivindicativo, de confrontación y "autónomo política, económica y sindicalmente".
El secretario general del sindicato se ha congratulado de que no haya sucedido lo que algunos, como la patronal vasca Confebask, pretendían, que era, según ha indicado, que ELA perdiese representación en las elecciones para que cambiase su modelo sindical.
"Txiki" Muñoz, que ha señalado que pierden los sindicatos que han apostado por el diálogo social (CCOO, UGT), ha exigido al Gobierno vasco que "respete" las mayorías sindicales y ha advertido de que en la actual coyuntura, sin cambio de políticas en el Ejecutivo, ELA aboga por ejercer un sindicalismo de contrapoder.
Ha reiterado que la central no va a aceptar "ningún tipo de subordinación" y ha señalado que su postura no es "maximilista", sino que lo que ocurre es que no ve "absolutamente nada" en las mesas de diálogo para acudir a ellas.
El dirigente sindical también ha reprochado al lehendakari que no se haya reunido con ELA (sí lo ha hecho el PNV), en el contexto de reuniones mantenidas por la central relacionadas con su denuncia de que Confebask ha pretendido posibilitar "la ilegalización" de esta central y de LAB.
Respecto a los resultados de las elecciones sindicales en Nafarroa, UGT es mayoritario con un 27,63 % de la representación (un 0,87 % menos que en 2013); seguido de CCOO, con un 24,70 % (-0,82 %); ELA, con un 21,53 % (+0,46 %); y LAB, con un 13,72 % (+0,64 %).
De los 6.015 delegados sindicales contabilizados en la Comunidad foral, donde el número de representantes se redujo en 273 con respecto al año anterior, 1.662 corresponden a UGT, 1.486 a CCOO, 1.295 a ELA y 825 a LAB.

lunes, 16 de febrero de 2015

El PSOE extremeño pide la dimisión del consejero de Fomento por el "enchufe de amigos" y "fraude" en ITV regionales


Publicado 13/02/2015 13:12:53CET MÉRIDA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -    El portavoz de Fomento del Grupo Socialista en el Parlamento regional, Francisco Macías, ha pedido la dimisión o cese del consejero de Fomento del Gobierno extremeño, Víctor del Moral, por el "enchufe de amigos y familiares" y "fraude" en ITV regionales.    En rueda de prensa, Macías ha recordado que la empresa ITV Vegas Bajas S.A. anunció en su página web el día 11 de octubre de 2013 que se le había adjudicado la g ...

Leer mas: http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-extremeno-pide-dimision-consejero-fomento-enchufe-amigos-fraude-itv-regionales-20150213131253.html

jueves, 22 de enero de 2015

¿Una máquina de hacer dinero? Las grandes empresas de ITV ganaron más de 80 millones en 2013

Las ITV que tienen el monopolio en Galicia o Andalucía ganaron 12 y 21 millones de euros cada una. Pero también otras pequeñas, como la que desempeña en Barbastro (Huesca) obtuvieron grandes beneficios (1,94 millones de euros).


Una ITV de Applus en Cataluña - Foto TWITTER

¿Son las Inspecciones Técnicas de Vehículos una "máquina de hacer dinero" prácticamente sin riesgo, tal y como denunciaba en este medio la compañía Dekra hace unas semanas? Desde la patronal AECA-ITV se niega que su negocio sea tan sencillo como sentarse a obtener pingües beneficios. Sin embargo, los resultados económicos que tienen estas compañías hablan de suculentos dividendos, sin disponer en muchas ocasiones de grandes plantillas. En total, las principales empresas del sector que pertenecen a la patronal tal y como la propia organización muestra en su web obtuvieron un rédito económico de más de 80 millones de euros en 2013, un año en el que la economía general no se encontraba muy boyante.
En Andalucía o en Galicia, una sola empresa realiza todas las ITV, lo que le proporciona ingresos millonarios
Las comunidades autónomas tienen la competencia para manejar las concesiones administrativas de ITV, y esto ha producido muchos formatos diferentes, desde el modelo andaluz (donde una empresa pública de la Junta, Veiasa, tiene el monopolio y ganó 20,8 millones de euros en 2013 según el Registro Mercantil) al modelo gallego, donde la compañía Supervisión y Control tiene todas las ITV de la comunidad (12 millones de beneficio) o el madrileño, donde existe total libertad para abrir nuevas instalaciones bajo un criterio de mercado. En todos los casos los precios son tarifas, es decir vienen ya marcados por la administración autonómica, aunque las compañías pueden realizar algún 'truco' para ofrecer un precio más barato en momentos puntuales a través de ofertas. Los precios que se establecen son públicos, recuerda el secretario general de AECA-ITV, Luis Rivas, porque el servicio de ITV es un servicio público cuyo objetivo es garantizar la seguridad del parque de vehículos que circula por las carreteras. Por ello son las CC.AA. quienes deciden qué modelo implantan en cada sitio.
Sin embargo, la administración saca una buena tajada de cada vehículo que debe pasar la revisión. Según fuentes del sector, podríamos inferir que una media del 40% de lo que cuesta pasar la ITV a un vehículo de motor (la media viene a ser unos 40 euros aproximadamente) se lo llevan las administraciones estatal y autonómica en forma de IVA o de otros recargos. El otro 60% va para la empresa, que con esos ingresos debe hacer frente a los sueldos de la plantilla y a otros costes, y sobre todo rentabilizar la fuerte inversión inicial que requiere instalar una línea de inspección.
Beneficios millonarios
Casi todos los grandes grupos que operan en las ITV en España vienen registrando grandes beneficios en estos últimos años, beneficios que además se han mantenido en muchas ocasiones constantes dada la previsibilidad de los mismos (se puede calcular con bastante exactitud cuántos vehículos deben pasar la revisión en una determinada área, siempre teniendo en cuenta que algunos de ellos se dan a la 'insumisión' y deciden no pasarla). Por ejemplo, General de Servicios es un gigante con más de 400 empleados entre directos en indirectos (2013) y que facturó una cifra próxima a los 39 millones de euros entre 2009 y 2013 para ganar 12 millones de euros en el último año referido. Tiene 37 estaciones de ITV en 8 provincias. Su facturación, euro arriba euro abajo, apenas varió. Un negocio muy previsible.
Las administraciones se quedan, entre IVA y otros recargos, con aproximadamente un 40% del precio final que paga el usuario
Otro caso de éxito es el TÜV Rheinland, que dispone de 40 estaciones en España en plazas tan importantes como Madrid, País Vasco, Murcia o Barcelona. En 2013 ganó 7,46 millones de euros sumando sus distintas filiales. O de Atisae, que con 32 estaciones en varias autonomías es otro de los actores potentes del sector y se embolsó 3,2 millones de euros en 2013. Su cifra de negocio ha bajado de 79 millones en 2009 a 65 en 2013 y sus beneficios también cayeron, lo cual hizo que la empresa ajustara plantilla desde 1.400 hasta 1.162 empleados. Por su parte, la multinacional Applus se anotó unos 33 millones de euros de pérdidas, aunque desde la empresa se achacan a que la sociedad española recoge actividades de otros países y se anota sus minusvalías.
Sin embargo, no solo los grandes grupos (que controlan buena parte del mercado, dado que se encuentran presentes a través de participaciones o UTE en muchas otras estaciones que no llevan su nombre) tienen un buen negocio en las ITV. También otras estaciones aparentemente más pequeñas obtienen importantes réditos económicos de esta actividad. Por ejemplo tenemos la ITV de Barbastro (Huesca) que consiguió ganar 1,9 millones de euros en 2013, y cuyo beneficio no ha bajado del millón de euros en ninguno de los años de la crisis después de, eso sí, dejar muchos cientos de miles de euros en impuestos.
En el otro lado del péndulo, se encuentra el caso de Madrid, donde tras la liberalización en 2011 el número de empresas que han entrado a competir se ha multiplicado y muchas de ellas no han traspasado en este momento la barrera de la rentabilidad. Según fuentes del sector, algunas de estas estaciones se encuentran en una situación financiera complicada al no ser capaces de cubrir con sus inspecciones la inversión realizada para ponerse en marcha. Algunas de ellas, aseguran, pueden estar próximas a la quiebra. Según datos del presidente de la CAM, Ignacio González, las nuevas ITV supusieron una inversión de 75 millones de euros y la creación de 650 empleos. Ahora habrá que ver si estas cifras pueden mantenerse en el tiempo.
También otro de los grupos de ITV más grandes del país, los vallisoletanos de Itevelesa, perdieron unos 7 millones de euros en 2013 después, eso sí, de acumular ganancias millonarias en años anteriores. Este periódico ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la empresa.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/56165-una-maquina-de-hacer-dinero-las-grandes-empresas-de-itv-ganaron-mas-de-80-millones-en-2013

lunes, 12 de enero de 2015

El mecánico del millón de euros

jueves, 27 de noviembre de 2014

La patronal Confebask pretende destruir lo que no controla

En una comparecnecia pública en la que han participado la mayoría del Comité Ejecutivo, ELA ha querido poner de manifiesto la gravedad de la decisión adoptada por Confebask. ELA ha denunciado que Confebask pretende destruir todo aquello que no controla y para ello ha instado a la Administración a que tome las medidas necesarias para que ELA y LAB pierdan su condición de sindicatos. “Estamos ante una patronal golpista y reaccionaria que pretende destruir todo aquello que no puede controlar y comprar”.

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El Gobierno español ha presentado un Borrador de Real Decreto sobre el Depósito de Estatutos de las Asociaciones Sindicales y Empresariales. Ante este Borrador las organizaciones sindicales y empresariales, así como los Gobiernos autonómicos, pueden presentar alegaciones. La patronal Confebask utiliza las alegaciones a los estatutos para instar al Gobierno a que elimine a ELA y LAB su condición de sindicatos.

“Estamos ante una patronal golpista y reaccionaria que pretende eliminar eliminar todo aquello que no controla, que no puede comprar”, ha señalado Muñoz

En opinión de ELA, Confebask se atreve a proponer esta medida porque entiende que tiene la cobertura del poder político, incluido el Gobierno Vasco. En este contexto, ha adelantado que emprenderá acciones en defensa del derecho de libertad sindical y ha anunciado que ha solicitado una reunión urgente con el Lehendakari Urkullu.

ELA exige al Gobierno Vasco que no ponga en marcha la denominada “mesa de Diálogo Social”, anunciada para la primera semana de diciembre. Sentarse con una patronal que tiene como objetivo eliminar como sindicatos a ELA y a LAB es dar cobertura a esa posición. No se puede dar apariencia de normalidad a algo tan poco normal. Además, nuestra ausencia de la Mesa sería utilizada, de prosperar lo que demanda Confebask al PP, como coartada para iniciar el procedimiento de ilegalización.
erlazionatutako dokumentuak

Documento ELA sobre CONFEBASK
Alegaciones presentadas por Confebask

http://www.ela-sindikatua.eus/es/actualidad/noticias/la-patronal-confebask-pretende-destruir-lo-que-no-controla

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Veinte imputados por un fraude en la ITV de Sabón


En la operación están implicados empleados, dueños de vehículos, el propietario

de un taller y tres empresarios del transporte de mercancías

La Guardia Civil, a través de la Agrupación de Tráfico, ha imputado a 20 personas, entre técnicos de las ITV, empresarios y conductores por una supuesta trama que falsificaba los informes de las inspecciones de vehículos. Una denuncia de la propia gerencia de las estaciones alertó a los agentes de tráfico en el sentido de que se podrían estar llevando a cabo ciertas irregularidades en la estación coruñesa de Sabón.
A partir de esa denuncia, interpuesta en el pasado mes de abril, los agentes del Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico (GIAT) iniciaron una investigación que bautizaron con el nombre de «Operación Segunda». Con ésta se llegaron a descubrir que algunos de los empleados de la citada ITV llevaban a cabo supuestas correcciones, en los informes desfavorables de otros técnicos, para mudar esos historiales por otros que daban como aptos para circular a los vehículos inspeccionados. En alguna ocasión se llegó a simular el paso de determinados vehículos por la línea de inspección, sin haberlo hecho. Los informes de los sistemas de frenado y la emisión de gases, defectuosos, eran los elementos más manipulados.
Tras advertir las irregularidades, los vehículos afectados, un total de 18, fueron llamados nuevamente a revisión para adjudicarles el informe que en cada caso les correspondiese de forma técnica y veraz. Entre los imputados, además de los tres empleados de la ITV y los propietarios de los vehículos, también lo están el propietario de un taller mecánico y tres empresarios vinculados al transporte de mercancías. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de los Juzgados de Instrucción de A Coruña.
Con este tipo de actuaciones por parte de la Agrupación de Tráfico se pretende evitar la circulación de vehículos que, incumpliendo las condiciones técnicas exigidas para su circulación por las vías públicas y poniendo en peligro la seguridad de todos los usuarios de la vía, circulen por las carreteras eludiendo la vigilancia de los agentes de tráfico, mediante la falsificación de los certificados de inspección.

domingo, 16 de noviembre de 2014

El oligopolio de las ITV se tambalea

El sector está copado por empresas que temen la apertura salvaje del mercado

Cada año se revisan en España 17 millones de vehículos


ITV en San Sebastián de los Reyes (Madrid). / SAMUEL SÁNCHEZ
Pruebe a pasar la ITV en Navarra o Extremadura: le cobrarán poco más de 29 euros (25 por un turismo). Si se desplaza a Castilla y León o Valencia tendrá que abonar un 84% más por idéntico servicio.Según un estudio de Facua, en la revisión de motocicletas la diferencia de precio entre distintas ITV puede llegar a ser del 202%. ¿Por qué? Entramos en las arenas movedizas de un sector dominado por concesiones que han creado rentables monopolios u oligopolios y, en los últimos años, tendente a experimentos liberalizadores con dudosos resultados. No es un mercado nada despreciable: el año pasado selló 17.982.862 revisiones con una estimación de facturación superior a 600 millones de euros (aunque ni el Ministerio de Industria ni la patronal ofrecen datos más exactos).


Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia
En España las empresas que prestan este servicio obligatorio están sometidas a la regulación de las comunidades autónomas y en todas partes, excepto en Madrid, las tarifas las fija la Administración o, al menos, impone unos precios máximos (que suelen convertirse en precio medio). En comunidades con estaciones ITV públicas (que operan en Extremadura, Asturias, Cantabria y Andalucía) ese precio suele ser menor, como lo demuestra un reciente informe sobre el sector de laComisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). Sin embargo, la mayoría de las autonomías han optado por otorgar concesiones a empresas durante 20 ó 30 años que, con prórrogas, pueden llegar a estirarse hasta el siglo XXII. En el País Vasco, por ejemplo, una de las concesiones expira en 2023 con posibilidad de alargarse hasta el año 2092, y otra, iniciada en 2013 por 30 años, cuenta con la opción de prórroga hasta el 2112. Y a menos que la ciencia dé un vuelco a la esperanza de vida, cuando finalice esa última concesión sus actuales gestores (y los usuarios) habrán fallecido y puede que los coches ya no existan tal y como los conocemos.
La CNMC ha alertado de que este modelo con exclusividad territorial y larguísimos plazos “ha podido estar generando rentabilidades superiores a las de mercado y rentas privadas en detrimento de los usuarios”. Al calor de esta circunstancia se han dado casos de corrupción, como el de las ITV en Cataluña, que destapó una trama de empresarios y políticos para adjudicarse fraudulentamente estaciones.
Construir una ITV no requiere de una gran inversión, como ocurre con hospitales o autopistas. Una estación media cuesta, a precios actuales, dos millones de euros, y se rentabiliza a partir de unas 20.000 inspecciones anuales, según empresas del sector, aunque esta ratio es variable.
En Andalucía la empresa pública que gestiona el servicio ha reducido tarifas entre un 10% y un 45% sacrificando unos beneficios sobre ventas del 26% hasta dejarlos en el 18%. Ganancias que, aún así, revierten en la Administración. En otro extremo, la empresa privada Supervisión y Control (SyC), que opera en régimen de monopolio desde 1987 en Galicia, factura 38,6 millones de euros y obtiene un beneficio neto de once millones, casi el 30% sobre ventas. Grandes operadores, como Itevelesa o TÜV, alcanzan facturaciones de 74 y 35 millones y resultados de explotación positivos (de 11,6 y cinco millones respectivamente). ¿Son beneficios excesivos? “No solo se trata del modelo, también hay que pensar en que esa rentabilidad es fruto de una gestión, y aquí hemos optimizado el beneficio, no hemos incrementado las tarifas de acuerdo con la Xunta e invertimos constantemente en mejorar el servicio”, sostiene Juan Diego Rodríguez, director de Supervisión y Control.
En tres comunidades (Andalucía, Asturias y Galicia), solo opera una empresa, bien pública o privada, y en otras siete el mercado se reparte entre dos y siete firmas. Pero este también es un sector de extremos. Cataluña y La Rioja han optado por abrir el negocio otorgando autorizaciones administrativas a cualquier operador, sujetas a ciertas condiciones. Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias han ido lo más lejos que la legislación les permite y han abrazado sin cortapisas el libre mercado. Cumpliendo unos requisitos, cualquiera puede montar una ITV en estos territorios sin apenas restricciones, (en el caso canario, en convivencia con el sistema concesional, lo que ha provocado una guerra en los tribunales). El resultado de esta apertura es que Madrid ha pasado de tener 17 estaciones a 56 en solo dos años, prueba, según la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), de “la ineficiencia del sistema y las rentas excesivas” de antaño. Además, la región gobernada por el PP es la única que no fija tarifas, por lo que las estaciones pueden competir en precios y horarios.
Pero —siempre hay un pero, y en este caso hay unos cuantos— este modelo liberalizador no ha provocado beneficios sociales, al menos eso aseguran desde organizaciones de consumidores y desde la propia asociación que agrupa a la patronal de ITV (AECA). Madrid sigue siendo la cuarta comunidad más cara: se han multiplicado los reclamos publicitarios y en zonas del sur de la región las estaciones crecen a pocos metros unas de otras compitiendo ferozmente por los clientes. “Este modelo no funciona con criterios puramente mercantiles porque ofrecemos un servicio público en un mercado con tarifas fijas, que no marcamos nosotros. Tenemos que ser el señor que con cara de perro que diga a un usuario: ‘Usted no puede pasar la revisión". Se trata de un servicio que garantiza la seguridad. Y para ello la aministración debe decir cuántas ITV se pueden instalar y dónde”, ilustra Luis Rivas, presidente de AECA, que recuerda que “la demanda es la que es, no hay posibilidad de generar más”, por mucha competencia que se quiera introducir. En su opinión, el modelo de autorización frente al de concesión, aunque no perjudica al sector, “tampoco ayuda a hacer unas revisiones rigurosas”.
Esos efectos perversos también se han dejado sentir en Castilla-La Mancha. La barra libre para instalar estaciones de inspección abierta en 2003 provocó que los nuevos operadores se concentrasen en la frontera con Madrid, dejando desatendidas áreas de menor población, donde los usuarios llegan a recorrer 70 kilómetros para pasar la ITV. En ambas comunidades la tasa de rechazo (vehículos que no pasan la ITV) ha disminuido en los últimos diez años: en Castilla-La Mancha ha pasado de un 15% al 10% y en Madrid, del 19% al 17,5%. Además, las empresas autorizadas no pagan nada a la administración.
Sumado a esto, nuevos vientos liberalizadores llegan desde el Gobierno central. El Ministerio de Industria ha sometido a consulta un Real Decreto que modifica el actual (de 2008) para permitir que las empresas de automoción (talleres de reparación, concesionarios, transportistas), entren en el negocio de las ITV, algo que ocurre en otros países de Europa. Para Rubén Sánchez, de FACUA, es tanto como poner al zorro al cuidado de las gallinas: “Lógicamente a un taller que repara el coche le va a interesar que ese coche pase la ITV”. La revisión del decreto podría reactivarse en el último año de legislatura. Las empresas tradicionales, mientras, cruzan los dedos para que la competencia no les invada.
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