domingo, 14 de abril de 2013

El caso de las Itv´s vascas II

Una beneficiada en las ITV presentó la documentación fuera de plazo

Luybas, ganadora del lote de Vitoria y Bergara, se creó el mismo mes en que se presentó al concurso y se vendió años después a la multinacional Applus+. 
ITV Vitoria
El ‘caso de las ITV de Euskadi’ enconde un sinfín de hechos insólitos, y no solo en los tribunales, donde el Supremo ha determinado la nulidad de la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos. El Gobierno Vasco, en los tiempos del consejero Jon Azua (PNV) como responsable de Industria, concedió a dedo la gestión de un negocio que reporta a su beneficiario 1,5 millones de euros anuales.
Los tribunales, en sucesivas sentencias han demostrado cómo el propio Gobierno Vasco creó las bases del concurso y él mismo se las saltó. Como consecuencia, se dio entregó a unas empresas este suculento negocio que nunca debieron obtener y, por el contrario, se usurpó a los que eran merecidos ganadores del concurso.
La forma en que se realizó la adjudicación estuvo salpicada de decisiones sorprendentes, como la propuesta realizada por un técnico para adjudicar una ITV a una sociedad creada por funcionarios, algo terminantemente prohibido por ley. Aquel técnico dejó años más tarde su trabajo en la Administración para fichar como director general de una de las empresas beneficiadas en el concurso en el que él participó.
Pero, además, se sucedieron otras extrañas circunstancias en el proceso del concurso. Una de las cuatro empresas adjudicatarias del servicio en 1993, Luybas, ganó el concurso de las estaciones de Vitoria y Bergara tras presentar documentación fuera de plazo. La empresa comunicó al Departamento de Industria que entregaría con posterioridad un certificado urbanístico de los terrenos de la estación de Bergara.
Luybas presentó en mayo de aquel año una propuesta de 17 folios de documentación, frente al ingente volumen de datos de otras empresas. Pero, además, hay otro dato sorprendente: se constituyó como compañía el mismo mes en el que se presentaron las ofertas para el concurso.
Luybas no tiene la concesión -ni existe actualmente como empresa en Euskadi-, ya que en 2004 vendió la adjudicación a la multinacional Applus+, que gestiona las estaciones de Arrigorriaga, Zamudio, Vitoria y Bergara.
Cuando concurrió al concurso convocado en abril de 2003, su administrador Luir Ros remitió un fax a José Miguel Corres, el entonces director de Servicios Generales de Industria (el área encargada de contrataciones), en la que textualmente decía: "Referente al certificado urbanístico de la parcela de Bergara se enviará, según acuerdo verbal, mediante fax y el original se presentará a la apertura de la propuesta". El fax -que no aparece en el expediente administrativo de Industria- está enviado el 25 de mayo de 1993, cuando el plazo de presentación de propuestas finalizaba ese día a las 10 horas.
En la documentación del concurso aparece un estudio de la valoración de las instalaciones de cada una de las 22 ofertas existentes. Por ejemplo, en el caso de Luybas se concede una valoración de 300 puntos pese a que se dice que presentaron un proyecto correcto pero que trata "con poca profundidad" los planes de formación y mantenimiento o que el tratamiento a la parada autobús no es correcto. En cambio, se conceden 250 puntos a otra empresa, Inspecciones Técnicas de Euskadi, con un proyecto "suficiente" y un tratamiento de la parada de autobús "aunque no es malo, no es del todo correcto".
En su día, el propio Gobierno Vasco aseguró en el Parlamento que tenía constancia de la existencia de un informe desfavorable de la Dirección de Contratación pero que, sin embargo, se extravió el expediente.
Aunque parezca un caso lejano en el tiempo, el asunto todavía está sin resolver. Hay una sentencia del Supremo y un auto del Superior de Justicia del País Vasco que obligan a retirarle a Applus+ la gestión de las ITV de Vitoria y Bergara, y entregarla a su legítimo ganador hace casi 20 años, ITA Asua. De hecho, cada día que transcurre el Gobierno Vasco se arriesga a tener que pagar 4.000 euros diarios por el retraso que lleva en ejecutar la sentencia. Una hipotética reclamación por lucro cesante podría acarrear el pago de hasta un millón de euros. 

Dos empresas ganan 57 millones en 19 años gracias a la concesión a dedo de las ITV en Euskadi

El Gobierno Vasco está ahora obligado a adjudicar de nuevo el contrato, anulado por el Tribunal Supremo.
El 18 por ciento de los vehículos se saltan la ITV en Cataluña y el 20 por ciento la suspenden
En Euskadi hay 8 estaciones de ITV, de las cuales la mitad se adjudicó irregularmente.
Como en Cataluña, también en el País Vasco existe un ‘caso ITV’. No ha adquirido consecuencias penales, de momento, pero sí ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que ha dictado una sentencia firme. Determina que dos de las cuatro empresas que explotan las Inspecciones Técnicas de Vehículos en Euskadi nunca debieron ganar el concurso. En otras palabras, que el Gobierno vasco les dio la concesión a dedo, saltándose la legalidad, saltándose las propias condiciones que había establecido.
El problema no es nuevo, sino que la adjudicación se produjo hace dos décadas. Exactamente en noviembre de 1993. El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Industria, entonces dirigido por el vicelehendakari y consejero Jon Azua (PNV), repartió entre cuatro empresas la concesión de cuatro lotes, con dos ITV cada una. El contrato tiene una duración de 30 años. Así, las empresas beneficiadas fueron Iteuve Euskadi (la estación de Arrigorriaga y otra que se construyó más tarde en Zamudio), Inspección Técnica Link (en Trápaga y otra levantada posteriormente en Amorebieta), Luybas (la estación de Jundiz, en Vitoria, más la que se construyó después en Bergara) y TÜV Rheinland Ibérica (en Urnieta y otra posterior en Irun). Aunque la resolución la firmó José Ignacio Zudaire, el entonces director de Servicios Generales, la resposabilidad recayó sobre la viceconsejería de Administración Industrial y Planificación que lideraba José Miguel Corres.
Aquella decisión desencadenó una larguísima batalla judicial, que necesitó una larga travesía hasta llegar a una sentencia firme, en 2007. Sin embargo, el recorrido por los tribunales aún está lejos de terminar y de resolverse. De hecho, 19 años después de que el Gobierno Vasco concediera las ITV, las dos empresas que en su día ganaron los concursos indebidamente todavía siguen explotando la estación de Vitoria y las guipuzcoanas de Bergara, Urnieta e Irun. En este tiempo, han obtenido unos beneficios netos de aproximadamente 1,5 millones de euros por año, lo que suma 57 millones entre las dos compañías.
Existe un matiz. Los tribunales ya han obligado a que una de las empresas, Luybas (más tarde absorbida por la multinacional Applus+), ceda su lugar a la que debió ser la verdadera ganadora. En cambio, en el caso de la otra compañía, TÜV Rheinland, se determinó que nunca debió ganar pero por un grave defecto de forma por parte en el Supremo, el Tribunal Constitucional ha obligado a regresar al momento inicial del proceso, a 1994. La multinacional alemana alegó “indefensión” por una serie de errores cometidos en el proceso, y se aceptó el recurso. El juicio se acaba de reiniciar.
El caso es que, tras dos décadas, aún persisten varios frentes abiertos y de difícil resolución. Por un lado, a día de hoy siguen pendientes distintos recursos presentados ante el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en relación con la ejecución de la sentencia de 2007, que están pendientes de admisión o de resolución.
Cambios en Vitoria y Bergara
Otro frente se sitúa en el Gobierno Vasco, la administración que en 1993 adjudicó la concesión de las ITV por 30 años. El Supremo ha dejado demostrado que el Ejecutivo autónomo, al aplicar los criterios de valoración de las distintas candidaturas, adjudicó los contratos a dedo. Por tanto, se alteró el resultado final del concurso. Un ejemplo: se valoró la solvencia económica de una empresa con la máxima puntuación, cuando realmente el documento que presentó la compañía no lo acreditaba en ningún momento. 
En estos momentos, existe un auto de los tribunales que fuerza al Gobierno Vasco a cambiar de empresa adjudicataria en las estaciones de inspección de Vitoria y de Bergara. Así, la multinacional Applus+ debe dejar de disfrutar la concesión que lleva explotando los últimos 19 años y debe traspasarla a la compañía a la que se le usurpó en aquel concurso, ITA Asua.
En las próximas semanas, el nuevo Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco está obligado a cambiar el adjudicatario. Pero no es una tarea fácil. Hay múltiples elementos que complican la solución. Teniendo en cuenta que han transcurrido 19 años desde la adjudicación, ¿por cuánto tiempo darán la concesión a ITA Asua? Podría ser por los 11 años restantes del contrato, aunque parece más probable que la Administración le otorgue la concesión para los próximos 30 años. Aunque en ese caso, habrá que ver si la empresa pide indemnización por la demora en la adjudicación.
Y otra cuestión: ¿qué pasará con los trabajadores de la actual concesionaria? ¿Se subrogarán a la nueva empresa adjudicataria? En principio, ITA Asua está dispuesta a hacerse cargo de los empleados que dependen de Applus+. Pero quedan aún muchas preguntas por responder.

Un funcionario que avaló la adjudicación pasó a ser directivo de una de las ITV beneficiarias

La multinacional alemana TÜV Rheinland, la segunda adjudicataria de ITVs en Euskadi sin cumplir la legalidad, puso como máximo responsable de sus estaciones en Irun y Urnieta al técnico del Gobierno Vasco que realizo el informe que avaló dicha adjudicación. Javier Goldarazena, ahora jubilado, era funcionario del Departamento de Industria del Ejecutivo vasco y elaboró el estudio en 1993 sobre la adjudicación de las ITV. En mayo de 2006 pasó a ser el coordinador de ITVs en la zona norte de TUV Rheinland, que incluía a las dos estaciones de Irún y Urnieta, donde cada año se revisan unos 170.000 vehículos
Los cuatro informes de valoración técnica fueron elaborados por Goldarazena, quien participó además en las dos reuniones de la Mesa de Contratación de Industria, celebradas el 27 de octubre y el 5 de noviembre de 1993. El técnico explicó los criterios de valoración, según se refleja en el acta. El Departamento de Industria, entonces con el peneuvista Jon Azua como consejero, calificó tales criterios de "completos y complejos". La Mesa de Contratación aprobó el 5 de noviembre los adjudicatarios propuestos, entre ellos TÜV Rheinland.
El órgano de contratación se tuvo que reunir dos veces, ya que cambió a uno de los adjudicatarios. El informe técnico consideraba ganador del concurso para las estaciones de Vitoria y Bergara a la empresa Eusko Iat. Esta firma era propiedad de cuatro funcionarios del Gobierno, cada uno de los cuales poseía un 25% del capital, lo que incumple la ley de Incompatibilidades. Por ello, se otorgó la concesión a la segunda oferta, la de Luybas.
Un informe del Gobierno Vasco constata que a principios de 2007, un hijo de un técnico de  Administración Industrial en la Delegación de Gipuzkoa entró también a formar parte de la plantilla de TUV Rheinland, desarrollando funciones de adjunto a jefe de Estación en la ITV de Irún.
Javier Goldarazena justificó hace varios años su pase a la empresa alemana. "Otras veces ya me han preguntado si era irregular ¿Lo es después de 13 años trabajando? [TÜV Rheinland] me ofreció un trabajo porque quería un especialista en temas de legislación. Me convenía. [En el Gobierno] no veía futuro. Me ofrecen mejores condiciones laborales y me voy". Goldarazena opinó entonces que los tribunales "han valorado mal los criterios" de adjudicación de las ITV. "Yo defiendo que fueron correctos", añadió. La empresa alemana también empleó argumentos parecidos "Si alguien cree que se puede llamar a una persona 13 años después para favorecerla es que está alejado de la realidad", dijo un portavoz de TUV Rheinland.

Cronología de 20 años de pleitos y hechos insólitos

Recursos y contrarrecursos, documentación perdida en las dependencias del Supremo y miles de folios jalonan un caso aún abierto y donde la realidad supera a la ficción.
Todo empezó un 19 de noviembre de 1993, cuando el Departamento de Industria que en aquel entonces dirigía el vicelehendakari y consejero Jon Azua (PNV) adjudicó la concesión del servicio de ITV en Euskadi. Dos décadas después, aquella decisión sigue provocando una guerra judicial, una situación de injusticia no resuelta y dolores de cabeza a los sucesivos ejecutivos que han pasado por el Gobierno vasco.
Ésta es la cronología de los hechos más importantes que se han sucedido en el ‘caso ITV’ en estas dos décadas:
- Primera propuesta (8 de julio de 1993): la Dirección de Administración y Seguridad Industrial del Gobierno vasco elabora las propuestas de adjudicación del concurso y establece una clasificación de la puntuación obtenida por cada empresa.
- Primeras advertencias (septiembre de 1993): Alegaciones de las empresas ITA Asua, Atisae, Endisa e Itevelesa, previas a la adjudicación, por las que insisten en que muchas empresas licitadoras son sociedades constituidas expresamente para concurrir a esa licitación, por lo que carecen de experiencia y solvencia profesionales propias.
- Nueva propuesta (27 de octubre de 1993): Tras estudiar las alegaciones, se hace una propuesta de adjudicación. El técnico Javier Goldaracena concreta la valoración obtenida por cada oferta. Sin embargo, se acuerda la exclusión de la oferta ganadora en el Lote 3 (Vitoria y Bergara), puesto que se comprobó que la empresa a la que se proponía adjudicar, Eusko IAT, era incompatible porque los socios fundadores eran funcionarios. En consecuencia, se propone la adjudicación del Lote 3 a Luybas. Más adelante, otro técnico que formó parte en la comisión que hizo la propuesta denunció que la Dirección de Contratación emitió un informe desfavorable respecto  a la valoración efectuada por la Dirección de Administración y Seguridad Industrial, que no fue tenido en cuenta. Sin embargo, ese informe nunca se encontró en el expediente.
- La adjudicación (19 de noviembre de 1993): el Gobierno vasco concede a cuatro empresas la gestión de cuatro ITV, más el derecho a explotar otras cuatro. El contrato es por un periodo de 30 años. Las empresas beneficiadas son Iteuve Euskadi (Lote 1: Arrigorriaga y otra que se construyó más tarde en Zamudio), Inspección Técnica Link (Lote 2: Trápaga y otra levantada posteriormente en Amorebieta), Luybas (Lote 3: Jundiz, en Vitoria, más la que se construyó después en Bergara) y TÜV Rheinland Ibérica (Lote 4: Urnieta y otra posterior en Irun). Lo firma José Ignacio Zudaire, el entonces director de Servicios Generales.
- Primeros recursos (diciembre de 1993): Se interponen recursos de reposición por parte de cuatro empresas licitadoras.
- Primeras respuestas (22 de diciembre de 1994): El Gobierno vasco solo estima alguna alegación parcialmente, que no cambia el resultado de la adjudicación. Eso inicia la judicialización del proceso puesto que ITA Asua, Itevelesa y Atisae presentan un recurso contencioso-administrativo.
-Sentencia del TSJPV  (20 de julio de 2001): El tribunal vasco estima en parte los recursos de las empresas. Obliga a una nueva valoración de modo que, aplicando los criterios de la sentencia, supondría el cambio de adjudicatario en los cuatro lotes. El Gobierno vasco interpuso recurso de casación, y también cinco empresas.
- Cambios en las empresas (junio de 2005): La empresa Luybas, que resultó injustamente ganadora de las estaciones de Vitoria y Bergara, queda absorbida por Iteuve Euskadi (que lleva Arrigorriaga y Zamudio) y la sociedad resultante se queda con el nombre de la última. La compañía pertenece al grupo multinacional Applus.
- Sentencia del Tribunal Supremo (26 de diciembre de 2007): El fallo estima parcialmente los recursos interpuestos y ordena la retroacción de las actuaciones administrativas al momento anterior a la adjudicación. Es decir, obliga al Gobierno vasco a efectuar una nueva valoración conforme a unos nuevos criterios.
- Pérdida de parte del expediente (17 de julio de 2009): Ese día el Gobierno vasco informa al Supremo de que el TSJPV había devuelto de forma incompleta el expediente administrativo original que en su día remitió Industria para sustanciar el recurso. Posteriormente, en enero de 2010, el Supremo remite al TSJPV parte de la documentación extraviada, pero no toda. Nunca se encontró el resto.
- Recurso de TÜV Rheinland (septiembre de 2009): Esta empresa, una de las beneficiadas durante estos años y a la que se debería quitar la concesión, interpone lo que se llama ‘incidente de nulidad de actuaciones’ ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Alega “indefensión” causada por no haber sido emplazada en el proceso. Además solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia.
- Vuelta a 1994 (28 de abril de 2010): La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estima el incidente de nulidad presentado por TÜV Rheinland, de modo que declara nula la sentencia en lo que se refiere a las ITV de Urnieta e Irun. Y obliga a retrotraer las actuaciones al año 1994, momento en que esa empresa debió ser emplazada para contestar al recurso. Esta decisión no afecta al resto de los lotes, para los que la ejecución de la sentencia deberá seguir su curso.
- Cumplimiento de la sentencia (7 de junio de 2010): La Comisión Central de Contratación del Gobierno vasco aprueba una nueva valoración del concurso, atendiendo a los criterios contenidos en la sentencia del Supremo (excluyendo el lote 4). La nueva valoración resultante no produce cambios en los actuales adjudicatarios. Se remite la valoración al Superior del País Vasco para su pronunciamiento sobre la misma.
- El TSJPV no se da por satisfecho (23 de junio de 2011): El tribunal vasco analiza la valoración aprobada por el Gobierno y las alegaciones posteriores, y declara no tener por ejecutada totalmente la sentencia del Supremo. Además, se deduce que se debe efectuar una nueva valoración y propuesta de adjudicación. Lo recurrieron el Gobierno vasco y una empresa.
- Una nueva valoración (julio de 2011): El Gobierno aprobó un nuevo informe-valoración cuyo resultado hace que el Lote 3 (Vitoria y Bergara) cambie de adjudicatario.
- El TSJPV insiste (12 de julio de 2012): El tribunal vasco insta a que se adjudiquen las estaciones de Vitoria y Bergara a la empresa ITA Asua.

Choque por romper el monopolio de las ITV en Euskadi

Concesionarios y talleres pugnan por participar en el reparto de la Inspección Técnica de Vehículos.
La revisión oficial de los automóviles, conocido popularmente como pasar la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), no tiene claro hacia dónde camina su futuro. En Euskadi, las ocho estaciones de ITV que funcionan en la actualidad pertenecen a cuatro empresas y sonconcesiones administrativas del Gobierno Vasco. Un coto cerrado. Un monopolio que ahora se ve amenazado por los concesionarios, talleres y vendedores de coches y motos que pugnan por participar en el reparto. Todos luchan por instalar líneas de inspección.
Por ahora, el Ejecutivo de Vitoria mantiene la incompatibilidad de permitir esta actividad a talleres y concesionarios. Los informes que apuestan por la liberalización y los que se oponen a la apertura se encuentran encima de la mesa del Gobierno vasco,  el único competente en Euskadi a la hora de dar autorizaciones.
¿Pero qué pasa en el resto de España? En casi todas las comunidades autónomas el funcionamiento es similar al de Euskadi. ¿Y en Europa? La obligación de que los coches pasen la Inspección Técnica de Vehículos no supone que tengan que ir necesariamente a estaciones determinadas y, muchas veces escasas, como ocurre en Euskadi y en el conjunto de España. En Francia, Inglaterra o Alemania, por ejemplo, los conductores  pasan la inspección en cualquiera de los muchos talleres concertados con la administración que existen en las ciudades y municipios. En Alemania, por ejemplo, un conductor avisa a un taller de que va a pasar por allí y los responsables del taller se ponen en contacto con un inspector que pasa a ver el coche en el día convenido. Mientras, en Inglaterra se puede elegir entre los numerosos talleres con licencia o acudir a un depósito municipal oficial.
La ventaja de este sistema es la comodidad que ofrece a los conductores, quienes no tienen la obligación de desplazarse a estaciones concretas señaladas, a veces demasiado alejadas de sus garajes y aparcamientos domiciliarios. En ciudades como Donosti, donde abundan las motocicletas y no existe  una estación de ITV autorizada  en el casco urbano, los dueños de estos vehículos deben acudir a la localidad de Urnieta por la carretera general, con el peligro y la incomodidad que ello comporta. La otra opción es aguardar a las campañas periódicas de ITV móvil. Ninguna de las dos resulta del todo satisfactoria para los usuarios, con lo que el índice de inspecciones es bajo.

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