domingo, 5 de mayo de 2013

Asalto al castillo de las ITV

Apenas una decena de empresas se reparten una tarta de 500 millones de euros.

Los concesionarios de automóviles dan la batalla para entrar en el mercado.


Centro de ITV en San Sebastián de los Reyes (Madrid) /SAMUEL SÁNCHEZ
La Dirección General de Tráfico ha iniciado una campaña por la que va a comunicar a 2.462 conductores que un vehículo de su propiedad ha sido detectado circulando sin haber superado la correspondiente inspección técnica de vehículos (ITV) por no haber acudido o haber resultado rechazado. Según el Registro General de Vehículos de la DGT, de los 31 millones de camiones, turismos, motocicletas, autobuses y furgonetas que circulan por nuestras calles y carreteras, la mitad, 15,1 millones, tienen una edad media superior a nueve años y medio, a partir de la cual están obligados a pasar la revisión anualmente.
Los datos de AECA-ITV, la patronal de las empresas concesionarias o autorizadas por la Administración para esa actividad, indican que uno de cada cinco vehículos continúa sin pasar las inspecciones obligatorias. Por otro lado, según los datos de un estudio que se hará público próximamente, si el 20% de los vehículos que no se inspeccionan lo hubieran hecho, se habrían evitado más de 7.000 accidentes, cerca de 7.000 heridos y 110 muertes adicionales. En cuanto a la valoración económica de este servicio, la Universidad Carlos III señala que supone un ahorro de 300 millones de euros para el Estado y que podría llegar a los 500 millones si pasaran las revisiones todos los vehículos obligados a hacerlo.
A mediados del pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña daba la razón a la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor (Fecavem) y declaraba nulo el concurso público por el que se adjudicaban las ITV en Cataluña. La semana pasada se hacía público el acuerdo entre El Corte Inglés y ATISAE para ubicar en dos de sus centros comerciales, Alcalá de Henares y Leganés, sendas instalaciones de inspección.
¿Quién da más? Es lo que se llama un sector en plena ebullición. ¿Y qué hay detrás? Pues una tarta de 500 millones de euros que hasta ahora se han repartido entre apenas una decena de empresas y cuyo control está en manos de las comunidades autónomas. Si a eso añadimos la difícil situación por la que están atravesando las redes de concesionarios y talleres, que ven en este negocio una posibilidad de potenciar su actividad y mejorar su balance, la batalla está servida.

Las reglas de juego del sector están ahora en manos de la justicia
Pero no es fácil. A pesar de la tormenta liberalizadora de la Administración actual, hay ciertas limitaciones con las que se van a encontrar en este caso, como ya ocurrió hace unos años, cuando el Tribunal Constitucional rechazó las intenciones de los talleres de incorporarse al negocio. La pelota está ahora en manos del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que ya ha demostrado en ocasiones anteriores bastante sensibilidad por los problemas del automóvil.
El Ministerio de Economía lleva algún tiempo escuchando a las partes implicadas y preparando un anteproyecto de ley de servicios profesionales, con el que se daría un paso de gigante en ese proceso. Algo difícil, según Luis Rivas, secretario general de AECA-ITV, ya que se trata de una “actividad revestida del principio de autoridad, de un servicio público que se encomienda a empresas privadas”. AECA se ha personado también en la última sentencia del TSJC, recurriéndola ante el Tribunal Supremo. La patronal sostiene que tiene una comunicación nominativa de la Comisión Europea indicando que la Directiva de Servicios, en la que se basa la sentencia del TSJC, no es de aplicación a la actividad de las ITV.
El contencioso parece que va para largo, y nadie se atreve a establecer un calendario aproximado para ver el final. De momento, El Corte Inglés ha arrendado dos parcelas en sus ámbitos de Alcalá de Henares y Leganés en las que ATISAE instalará y gestionará dos estaciones de ITV. Algo que, según Jaume Roura, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios, y de Fecavem, debería poder hacer de manera independiente el centro comercial.
La instalación completa de una estación de ITV, incluida la compra del terreno, puede alcanzar los dos millones de euros. Si se cuenta con el terreno, el edificio supondría entre 400.000 y 500.000. Si ya se dispone del mismo, es decir, si se aprovechan las instalaciones que muchos concesionarios y talleres tienen donde realizan revisiones pre-ITV, el coste es de unos 100.000 euros. Según el presidente de ANIACAM, Germán López Madrid, de los 3.300 concesionarios de automóviles que completan la red nacional, únicamente el 10% estaría en condiciones de hacer frente a ello.

El Corte Inglés ha alquilado terreno para dos estaciones en Madrid
Para Roura, convencido de que con la participación de los concesionarios el precio de las inspecciones podría bajar hasta un 30%, lo importante es que se haya reconocido su mayor reivindicación en este sentido. “Somos tan compatibles como cualquiera y no tenemos por qué sentirnos marginados para desarrollar esa actividad. Estaremos pendientes y acataremos lo que diga la justicia, pero seguiremos defendiendo nuestros derechos. Hay que ver cómo sale del Supremo para tratar de que no siga siendo un monopolio gestionado por las autonomías”. Consciente de que se trata de una guerra larga y de que “los que tienen la sartén por el mango no la quieren soltar porque es un gran negocio”, no se cierran a nada. “Defendemos nuestra compatibilidad, y a partir de ahí estamos abiertos para llegar a acuerdos con todas las partes que vayan en beneficio del consumidor final”.
El debate está abierto y no tardaremos en conocer los próximos pasos y las reacciones correspondientes. Incluso las de los que temen que se deteriore el servicio actual o se “mercantilice” para tratar de conseguir una mayor rentabilidad. En algunas zonas limítrofes de dos autonomías ya se produce un fenómeno de desplazamiento en busca de condiciones más favorables. Incluso se podrían perder los altos niveles de rentabilidad disfrutados hasta ahora y llegar a situaciones de exceso de oferta. Puro libre mercado.
En la Comunidad de Madrid, una de las que, junto con Castilla-La Mancha, mantienen un régimen abierto de autorizaciones, han crecido considerablemente durante los últimos años. Y, según Luis Rivas, “llegará el momento en que tengan que cerrar algunas porque esto es un pastel de unas dimensiones concretas”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada