martes, 7 de mayo de 2013

El Parlamento vasco inquiere al Gobierno por el ‘caso ITV’

PP y PSE plantean varias preguntas al Ejecutivo de Vitoria sobre la sentencia que le obliga a revocar la concesión de las estaciones de Vitoria y Bergara.
Los tribunales ordenaron en julio del año pasado cambiar de empresa adjudicataria, pero hasta ahora no se aplicado la sentencia.
El ‘caso ITV’ llega al Parlamento. Partido Popular y PSE han preguntado al Gobierno vasco por la adjudicación de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos que realizó de manera irregular en Vitoria y Bergara y que los tribunales ya ordenaron revocar en 2007. Los dos partidos solicitan información por escrito y muestran su preocupación por el hecho de que el Gobierno no haya aplicado aún la sentencia y el coste económico que ello pudiera tener para las arcas públicas. 
PP y PSE dirigen sus preguntas a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, a la que también inquieren su opinión sobre la gestión de los responsables de aquellas adjudicaciones.  
El Tribunal Supremo dictaminó en 2007 que se habían producido irregularidades en la adjudicación de las estaciones de Inspecciones Técnicas de Vehículos en Euskadi. En concreto, el Tribunal sentenció que dos de las cuatro empresas que explotan las ocho estaciones nunca debieron ganar el concurso. El Gobierno vasco les dio a esas dos empresas la concesión saltándose la legalidad y las condiciones que él mismo había establecido. En uno de los casos, el concurso se debe repetir desde el comienzo, pero en el otro la adjudicación debe cambiar de manos.
En concreto, el Gobierno, a través del Departamento de Industria, entonces dirigido por el vicelehendakari y consejero Jon Azua (PNV) concedió a la empresa Luybas (más tarde absorbida por la multinacional Applus+) la estación de Jundiz, en Vitoria y la que se construyó después en Bergara.  Ahora, debe traspasarla a la compañía a la que se le debió tocar en aquel concurso, ITA Asua.
En julio del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictó un auto en el que instaba al Ejecutivo a ejecutar la sentencia en lo tocante a los estaciones de Vitoria y Bergara. Pero por ahora, la sentencia sigue sin aplicarse, lo que ha despertado la inquietud en PP y PSE. En la batería de preguntas a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, los socialistas y populares se interesan, entre otras cuestiones, por cuándo se va a ejecutar la sentencia, el perjuicio económico que pudiera suponer el retraso y las razones por las que no se ha aplicado el auto. Además, le interpelan por las previsiones para los trabajadores de las ITV con el cambio de empresa.
Los populares también se interesan por la gestión de los responsables del Departamento de Industria que en 1993 adjudicó los concursos. Aunque la resolución la firmó en su momento José Ignacio Zudaire, el entonces director de Servicios Generales, la responsabilidad recayó sobre la viceconsejería de Administración Industrial y Planificación que lideraba José Miguel Corres.

57 millones de beneficios

El caso es que 19 años después de que el Gobierno vasco concediera las ITV, las dos empresas que en su día ganaron los concursos indebidamente todavía siguen explotando la estación de Vitoria y las guipuzcoanas de Bergara, Urnieta e Irún. Se calcula que durante este tiempo han conseguido una media de 1,5 millones de euros de beneficio neto al año, lo que suma  57 millones entre las dos compañías.
Además del futuro de los trabajadores de la actual concesionaria, hay varias cuestiones que complican la resolución. Como, por ejemplo, el tiempo por el que darán la concesión a ITA Asua, (por los 11 años restantes del contrato o por los próximos 30, que era el contrato original).

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