domingo, 5 de mayo de 2013

ITA Asua exige ante el tribunal que el Gobierno le adjudique ya la ITV

En un escrito ante el TSJPV, la empresa de ITVs afirma que el Gobierno vasco se resiste a ejecutar la resolución del Supremo.
"Lo que subyace es una voluntad rebelde del Gobierno al cumplimiento de la sentencia", apunta el nuevo escrito.
El alto tribunal español falló en 2007 a favor de retirar la concesión a la empresa adjudicataria en 1993.
Estación de ITV en Vitoria-Gasteiz.
Estación de ITV en Vitoria-Gasteiz.La empresa que ganó ante el Tribunal Supremo en diciembre de 2007 la revocación de la concesión de las ITVs en Vitoria y Bergara ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para que el Ejecutivo vasco le comunique oficialmente la adjudicación definitiva. Pese a los años transcurridos desde la sentencia del alto tribunal, que es firme, el Gobierno vasco no ha procedido a adjudicar a la empresa que quedó excluida de la concesión, ITA Asua, la explotación de las ITVs en Jundiz y Bergara. La empresa, en el escrito, no solo le pide al alto tribunal vasco que fuerze al Ejecutivo para que en "un plazo máximo de diez días" se firme el nuevo contrato. También recuerda que de no ser así podrán imponerse "multas coercitivas" o incluso deducir testimonio "para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".
Los nuevos gestores del Gobierno vasco -el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, dirigido por Arantza Tapia- están preocupados. De hecho, han solicitado un informe jurídico para dar respuesta definitiva a este tema. Y no ocultan en dicha solicitud, realizada a mediados de enero pasado, la posibilidad de que de esta dilación en la ejecución de la sentencia del Supremo se puedan derivar "responsabilidade patrimoniales", se abra un periodo de "inestabilidad" en el servicio de ITV e incluso son conscientes del "daño a la imagen del Gobierno vasco" que podría acarrear.
En el escrito presentado por ITA Asua ante el TSJPV, que lleva fecha del pasado 25 de abril, la empresa aporta varios documentos oficiales del Gobierno vasco en los que se "constata la existencia de un interés de demorar la continuación del procedimiento y la ejecución de la sentencia", según la recurrente. "La Administración, definitivamente, no quiere ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, no quiere ejecutar los efectos materiales de la misma", apunta en el escrito, en el que también se afirma que el Ejecutivo autonómico "quiere reducir la sentencia a una mera declaración sin efecto".
El Gobierno vasco adjudicó en 1993 la concesión de las ITV en Euskadi por 30 años. En total se adjudicaron cuatro lotes, con dos ITV cada una. El Departamento de Industria, entonces dirigido por el vicelehendakari y consejero Jon Azua (PNV), repartió entre cuatro empresas la concesión de los lotes.  La resolución administrativa se firmó el 19 de noviembre de 1993. El contrato de adjudicación posterior tenía una duración de 30 años. Las empresas beneficiadas fueron Iteuve Euskadi (la estación de Arrigorriaga y otra que se construyó más tarde en Zamudio), Inspección Técnica Link (en Trápaga y otra levantada posteriormente en Amorebieta), Luybas (la estación de Jundiz, en Vitoria, más la que se construyó después en Bergara) y TÜV Rheinland Ibérica (en Urnieta y otra posterior en Irun). Aunque la resolución la firmó José Ignacio Zudaire, el entonces director de Servicios Generales, la resposabilidad recayó sobre la viceconsejería de Administración Industrial y Planificación que entonces lideraba José Miguel Corres.
El nuevo escrito presentado ante el TSJPV se refiere al lote tres, que quedó anulado por el Supremo. La entonces adjudicataria, la empresa Luybas -posteriormente absorbida por la multinacional Applus-, ha explotado el servicio de ITV en Vitoria y Bergara. El Supremo consideró probado en una resolución del 26 de diciembre de 2007 que el Ejecutivo autónomo, al aplicar los criterios de valoración de las distintas candidaturas, adjudicó los contratos a dedo. Es decir, se alteró el resultado final del concurso. El alto tribunal español consideró, por ejemplo, que se valoró la solvencia económica de una empresa con la máxima puntuación, cuando realmente el documento que presentó la compañía no lo acreditaba en ningún momento. 

Auto del TSJPV de 2012
Aunque existe un auto del TSJPV del 12 de julio del pasado año en el que se obliga al Gobierno vasco a dar cumplimiento de la sentencia del Supremo y cambiar de empresa adjudicataria en las estaciones de inspección de Vitoria y de Bergara, el Ejecutivo aun no lo ha hecho. En ese auto se desestiman los recursos presentados por la empresa adjudicataria (Luybas) y se resuelve de nuevo "no haber lugar a la suspension de la ejecución" de una sentencia que de hecho es firme desde finales de 2007. Así, la multinacional Applus+ tenía que haber dejado de disfrutar la concesión que lleva explotando los últimos 19 años y tenía que haberla traspasado a la compañía a la que se le usurpó en aquel concurso, esto es ITA Asua. "Han pasado ya más de nueve meses desde que la Administración tendría que haber ejecutado la sentencia del TS", reitera el escrito, "no lo ha hecho. Ha optado por el silencio, ha optado por la inactividad para que el fallo sea meramente declarativo, para que el fallo no tenga efecto alguno". Y añade: "La reiterada petición de informes o las protestas de querer ejecutar la sentencia no pueden ocultar que lo que subyace es una voluntad rebelde al cumplimiento de la sentencia".
La empresa reitera en su escrito que la Administración es "plenamente consciente" de que la firma del contrato con ITA Asua forma parte de la "ejecución de la sentencia". Por lo tanto, al no querer ejecutar el nuevo contrato, "ha optado por la pura inactividad justificada por la petición de reiterados informes que pueda esgrimir como excusa".
Los nuevos gestores del Gobierno vasco del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, que dirige Arantza Tapia, pidieron el pasado 18 de enero un informe jurídico al viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre. En esa solicitud, que obra en poder de este periódico, se pregunta expresamente por el periodo que debería tener la nueva concesion (11 años, 30 años) y por la "valoración de las responsabilidades patrimoniales en las que podría incurrirse [el Gobierno] en función de las diversas opciones". Además, se plante otra de las dudas que planea en este caso: las "posibles soluciones a la situación generada por la existencia en las estaciones de trabajadores que no lo eran de la comunidad autónoma" cuando se adjudicó la concesión. El pliego de condiciones contemplaba la subrogación por parte de la adjudicataria del personal que en aquel momento se encontraba al servicio de la comunidad autónoma. Pero en la propia solicitud del informe jurídico se señala que "hoy en día no se da esta circunstancia, puesto que el personal trabaja para Applus SA", y además el personal actual empleado en las dos estaciones "ha variado respecto del que los era en la fecha de la adjudicación".
Por todo ello, se pide la elaboración de un informe jurídico para que el Departamento de Arantza Tapia adopte una decisión "con pleno respeto a la legalidad vigente y las resoluciones judiciales existentes", una decisión que "contribuya al mantenimiento de la estabilidad en el servicio de ITV y evite, en la medida de lo posible, responsabilidades patrimoniales, todo ello con el mínimo daño a la imagen del Gobierno vasco".

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