jueves, 16 de enero de 2014

El Gobierno da su brazo a torcer en el caso de las ITVs vascas

Con seis años de retraso sobre la sentencia del Tribunal Supremo, Desarrollo Económico y Competitividad adjudica a ITA Asua la explotación por 30 años del servicio de Inspeccion Técnica de Vehículos (ITV) en Bergara y Jundiz.
Desde el pasado 4 de noviembre, la empresa que quedó apartada en 1993 de la adjudicación irregular del concurso público está dando el servicio en ambas instalaciones.
El Ejecutivo ha obligado a la empresa concesionaria a subrogarse los casi 50 trabajadores y a pagar unos 820.000 euros por la construcción de la instalación de Bergara.
El caso de las ITVs en Euskadi toca a su fin. Al menos en lo que tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia dictada sobre la concesión de la explotación de las instalaciones de las ITVs de Jundiz, en Vitoria, y la de Bergara. Con seis años de retraso sobre la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2007, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que dirige Arantza Tapia ha adjudicado a la empresa ITA Asúa la explotación por 30 años del servicio de Inspeccion Técnica de Vehículos (ITV) en Bergara y Jundiz. Desde el pasado 4 de noviembre, la empresa que quedó apartada irregularmente en 1993 de la concesión está dando el servicio en ambas instalaciones.
Como condición para lograr la adjudicación, el Gobierno ha exigido a ITA Asua que se subrogue a los casi 50 trabajadores de las ITVs en litigio y le ha exigido consignar en la Tesorería General del País Vasco un total de 819.279 euros, "la valoración" de la estación de Bergara realizada por el Gobierno vasco. El Ejecutivo dio un plazo de un mes para que la empresa pudiera poner a punto las instalaciones, el sistema informático y realizara los oportunos cambios para dar el servicio, que no se ha resentido ni un solo día, según fuentes conocedoras del traspaso realizado a finales de octubre pasado. La resolución fue publicada definitivamente en el BOE el 29 de octubre del pasado año.
En realidad, el Gobierno ha dado su brazo a torcer después de que un informe de los servicios jurídicos del Gobierno vasco considera que la Administración no podía quedarse de brazos cruzados ante la anulación de las ITVs ordenada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2007. Pese a que el informe lleva fecha del pasado 27 de marzo de 2013 y que la empresa litigante había exigido en los tribunales desde 2008 el cumplimiento y ejecución de la resolución dictada por el Supremo, el nuevo Ejecutivo vasco no ha adjudicado el servicio hasta el pasado 30 de septiembre, según una resolución de ocho folios a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. La resolución administrativa lleva la firma del director de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico y competitividad, Iñaki Aldekogaraia Labaka.
Aquel informe jurídico -solicitado por el equipo de Arantza Tapia al llegar al departamento- ya advertía al Ejecutivo de Urkullu de que la "inactividad" de la Administración en este asunto no era "un alternativa" y descartaba, además, dejar desierto el concurso por ser "jurídicamente inviable", así como desistir del procedimiento de adjudicación. El informe, firmado por el letrado Mikel Loizaga, destacaba desde sus primeras páginas la "situación singular, por no decir excepcional" que venía arrastrando este caso.
Pese al tiempo transcurrido, el Gobierno vasco no había procedido a adjudicar a la empresa que quedó excluida de la concesión, ITA Asua, la explotación de las ITVs en Vitora y Bergara, en manos hasta hace poco más de un mes de la multinacional Applus. Al parecer, esta empresa ha solicitado la suspensión de la nueva resolución dictada por Competitividad en cumplimiento de la resolución judicial de diciembre de 2007 del alto tribunal y tiene pendientes algunos recursos en el Supremo sobre el asunto.
El caso de las ITVs fue destapado por eldiarionorte.es hace ya más de diez meses y llegó incluso al Parlamento vasco, donde populares y socialistas se interesaron por el tema y formularon varias preguntas y petición de información al Departamento que dirige Arantza Tapia.

"Responsabilidad patrimonial"

El informe de los servicios jurídicos ha pesado finalmente como una losa en la resolución final, sobre todo la parte en la que se adviertía sobre la posible responsabilidad patrimonial del Ejecutivo vasco. "Nunca cabe descartar la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños y perjuicios que resulten ciertos y acreditados" vía administrativa o judicial, u "otro tipo de responsabilidades", recordaba el letrado Loizaga en su escrito, de 51 páginas.
El documento analizaba en su primera parte las vicisitudes legales y los diferentes recursos y decisiones administrativas que han acompañado a este caso desde la adjudicación en 1993 del lote III (el referido a las ITVs de Vitoria y Bergara, anuladas por el Supremo en diciembre de 2007) hasta nuestros días. Luego estudiaba los cambios en la normativa de contratación que se han producido en todos estos años y, finalmente, analiza las posibles salidas que tiene el Gobierno y sus implicaciones legales. Con todo, el letrado ya advertía que la adjudicación es recurrible por vía administrativa y judicial, tanto por el posible adjudicatario, como por el concesionario apartado.
Pese a que hay varios recursos pendientes en el Supremo sobre decisiones adoptadas durante la ejecución de la sentencia del Supremo, el letrado deja claro que la "inactividad" de la Administración "no es una alternativa" -algo que los abogados de ITA Asua no han parado de recordar en todos los escritos remitidos al juzgado para lograr la ejecución de la sentencia del alto tribunal- y llega a calificarla de "una forma no conforme a derecho" de actuar.
De hecho, los nuevos gestores del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad pidieron este informe jurídico para adoptar una decisión "con pleno respeto a la legalidad vigente y las resoluciones judiciales existentes", una decisión que "contribuya al mantenimiento de la estabilidad en el servicio de ITV y evite, en la medida de lo posible, responsabilidades patrimoniales, todo ello con el mínimo daño a la imagen del Gobierno vasco". Decisión que el Gobierno de Urkullu ha tardado en tomar más de seis meses desde la remisión del citado informe.

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