viernes, 21 de febrero de 2014

80.000 Conductores no han podido pasar la ITV en Irun y Urnieta por la huelga

La estación de Urnieta sigue cerrada y la de Irun trabaja al 40% de su actividad ordinaria, cuando se cumplen ocho meses de movilización 

ARANTXA ALDA

SAN SEBASTIÁN. La persistencia del conflicto laboral en las ITV de Urnieta e Irun, en huelga desde hace ocho meses, tiene una consecuencia evidente: cada vez son más los conductores afectados. En concreto, la empresa concesionaria, TÜV Rheinland, calcula que ya son más de 80.000 los vehículos que no han podido pasar la revisión técnica en las dos estaciones citadas. La estación de Urnieta se encuentra cerrada desde el pasado 15 de junio, cuando se inició la movilización. La ciudad fronteriza si está abierta, pero solo trabaja el 40% con la plantilla que no se ha sumado a la protesta (la mitad del personal y un 10% de la ITV de Urnieta, según datos de la empresa).

Con el servicio funcionando a medio gas, pasar la ITV se ha convertido en «toda una odisea». El conductor tiene dos opciones para cumplir con este trámite obligatorio, sopena de ser multado con entre 200 y 500 euros de sanción. Puede pedir cita en Irun, aunque para ello deberá ser previsor, o bien recurrir a alguna de las ITVs más cercanas, como Bergara, Pamplona, Arbizu o Doneztebe, ajena al conflicto laboral.

Para evitar el desplazamiento hay que reservar cita con bastante anticipo. Según precisan desde TÜV Rheinland, un 30% de clientes profesionales no tienen lista de espera en Irun (vehículos pesados o de entidades públicas, como bomberos…); otro 20% logra pasar la ITV la misma semana en que lo solicita, pero el resto obtiene la cita en un periodo entre 30 y 45 días. No es de extrañar que un elevado volumen de conductores elijan la opción del éxodo, más incómodo por la distancia, pero más rápida.
 
Más de la mitad de los clientes se ha “esfumado”. Las estaciones de Irun y Urnieta suelen atender una media de 700 vehículos al día. En ocho meses, que son los que dura ya la huelga, la cifra total habría ascendido a 134.400 inspecciones, pero con el servicio a un 40% de actividad el rendimiento se ha quedado en unos 53.760, 80640 manos de los previstos. La empresa concesionaria asegura que el 2013 se cerró con 69.800 vehículos inspeccionados, lejos de los 150.000 registrados en 2008. Desde entonces, el sector ha vivido prácticamente en continuo conflicto. En 2009 y 2010 se sucedieron 171 de movilizaciones (en 2009 se inspeccionaron 142300 vehículos, y en 2010, 80.600). El acuerdo que finalizó con las protestas de los trabajadores expiró el 31 de diciembre de 2010.

La paz laboral no duró mucho, porque la negociación del nuevo convenio, aún hoy sin resolver, ha vuelto a escenificar las diferencias entre empresa y trabajadores. En resumen, y sin entrar en detalles, la reivindicación de la plantilla es renovar el convenio pero blindarlo de la reforma laboral, mientras que la empresa asegura que su oferta incluye «el mantenimiento de las condiciones de los trabajadores, sin ERES de regulación o extinción de empleo, ni rebaja salarial ni un aumento de jornada o de flexibilidad horaria». Las posturas siguen distanciadas. Desde septiembre de 2012 hasta marzo de 2013, los trabajadores secundaron paros de cuatro horas (en total 180 días). En marzo endurecieron las protestas con la convocatoria de huelga, aunque se suspendió con la intención de facilitar la negociación. Quebradas las relaciones, el 15 de junio la plantilla dio un paso más e inicio una huelga indefinida. El resultado se ha reflejado en el balance final de año. En 2013 se llegaron a las 69.800 inspecciones, frente a las 124.200 del año anterior y a las 136400 de 2012.

«Situación inadmisible»
Más que las pérdidas que supone para empresa la merma de actividad, a los conductores les preocupan las afecciones que están sufriendo. «Quejas hay todas las del mundo. La situación es inadmisible», denuncia Luis Murguía, asesor de Movilidad del Real Automóvil Club Vasco Navarro (Racvn). Dice que el usuario se encuentra atado de pies y manos. «Tiene que pasar la ITV, porque si conduce con la revisión caducada le multan; sin embargo, el servicio no está garantizado».
Los conductores señalan directamente al Departamento de Industria del Gobierno Vasco para interceder en el conflicto. «Debe dar un puñetazo sobre la mesa y garantizar el servicio»,  exige Murguía pues, recuerda, el servicio es una concesión pública del Gobierno Vasco a una empresa privada, por lo que apelan a su responsabilidad. «Está manteniendo una actitud muy blanda», afirma Murguía.
DV 18.02.2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada