miércoles, 22 de octubre de 2014

La Fiscalía aprecia indicios de delito en algunos controles de la ITV de Malpica


M. A. Coloma|22/10/2014 a las 06:00

Ha interrogado al extrabajador que denunció un posible trato de favor a clientes y ha analizado los datos requeridos a la DGA. Pedirá en breve que un juez abra diligencias

La ITV de Malpica, en la fotografía, hace alrededor de 150.000 inspecciones al año.
La ITV de Malpica, en la fotografía, hace alrededor de 150.000 inspecciones al año. ARÁNZAZU NAVARRO

La Fiscalía Provincial de Zaragoza ya ha estudiado la denuncia presentada contra la ITV de Malpica por presunto trato de favor con algunos clientes, a los que según un extrabajador se habría dado por buena la inspección de su vehículo pese a presentar defectos importantes. Y tras llamar a declarar al denunciante y practicar una serie de diligencias de investigación, ha decidido remitir el expediente a los juzgados para que un magistrado abra una causa penal. El Ministerio Público ha apreciado indicios de delito en los hechos denunciados, pero dada la complejidad del asunto entiende que debe ser un juez quien continúe con las pesquisas. De no surgir imprevistos, la Fiscalía enviará su informe esta misma semana al Juzgado Decano, quien deberá llevarlo a reparto y designar un instructor.

La denuncia llegó a la Fiscalía Provincial el pasado 9 de julio. A través de ella, el exempleado de la ITV de Malpica aseguraba que "existía una práctica sistemática ideada para favorecer a los vehículos amigos". Para intentar probar sus graves acusaciones, este trabajador, al que se despidió en junio, aportó 41 informes supuestamente fraudulentos. Porque, siempre según el denunciante, estos partes fueron manipulados por los jefes de nave para que los vehículos pudieran pasar las pruebas, cuando en realidad no estaban en condiciones de seguir circulando.

Durante los últimos meses, la Fiscalía ha estado analizando la documentación aportada por el extrabajador. Y para poder tener más elementos de valoración, también ha solicitado documentación sobre la normativa que rige en este tipo de concesiones al Departamento de Industria del Gobierno aragonés. Finalmente, esta pasada semana y para aclarar algunas dudas, se volvió a requerir incluso la presencia del denunciante. Ha sido la práctica de todas estas diligencias la que ha llevado al ministerio público a solicitar la intervención del juez.

Pedirá al juez varias pruebas
Además de redactar un informe en el que se detallan los hechos y se fundamenta la necesidad de abrir una causa judicial, la Fiscalía tiene previsto solicitar al juez que se practiquen una serie de pruebas. En principio, le pedirá que envíe requerimientos a las partes implicadas para que aporten más documentos. La acusación pública propondrá también al instructor que llame a declarar varias personas relacionadas con la ITV de Malpica. En cualquier caso, una vez que el asunto vaya a reparto, será el magistrado a quien se confíe el caso quien valore los hechos y decida cuáles son las diligencias a practicar.

La empresa concesionaria de esta ITV, Itelevesa AragónS. A., reconoció su "sorpresa" al enterarse el pasado mes de septiembre por este periódico de la denuncia que había presentado un exempleado. Un portavoz de la compañía aseguró que no tenían ningún conocimiento de que pudieran darse irregularidades en la planta, pero manifestó que las instalaciones son muy grandes y "a veces" resulta difícil controlar lo que hace "un empleado en particular". En este sentido, desde la empresa hicieron referencia al despido de dos trabajadores –entre ellos el denunciante­– en los últimos meses, "destituidos por irregularidades en el proceso de inspección".

 En su denuncia, el extrabajador menciona casos bastante concretos.Por ejemplo, dice que en noviembre del pasado año, tras rechazar un vehículo, "alguien" modificó el resultado y el informe pasó a ser favorable. "Me quejé porque, por si fuera poco, el parte seguía estando firmado con mi número de inspector", señala. Parece que, unos días más tarde, los responsables del centro citaron al denunciante para comunicarle que se le había impuesto una sanción por conducta fraudulenta.

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